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Exposición del reconocido historiador
Panorama Institucional24/03/2022
Germán Thalman


Invitado por Fundación Atilra, el historiador Felipe Pigna realizó una exposición en la que detalló los antecedentes políticos, económicos y sociales que concluyeron con el golpe militar del 24 de marzo de 1976, fecha que recordó como la “noche más oscura de nuestro país”.
En su intervención, Pigna recalcó que el golpe fue una maniobra largamente planificada y organizada por la cúpula militar que incluyó el adoctrinamiento en técnicas de tortura, secuestro y desaparición forzada de personas.
Incluso, el historiador indicó que la denominada “Ley Antisubversión”, dictada todavía en tiempos democráticos, pudo ser un eslabón de esa meticulosa estrategia, que sirvió para justificar el posterior terrorismo de Estado. “La Ley se hizo con el objetivo con controlar la guerrilla del ERP en Tucumán, pero luego fue trasladada a todo el país y se utilizó como argumento de defensa para justificar los hechos. Pero ningún mandato constitucional podría autorizar a torturar, asesinar o robar niños”, recalcó.
“La dictadura significó muchas pérdidas humanas, pero también la instalación de un modelo económico injusto, la destrucción del aparato productivo y la creencia de que la especulación es mejor que la producción”, indicó Pigna. Y apuntó a que “algunos de esos valores todavía siguen dando vueltas y hay gente que de alguna manera reivindica ese horror”.
“Nunca está de más hablar de esto. Es la única garantía para que esto no vuelva a ocurrir, bajo ninguna forma: ni como golpe militar tradicional ni como un golpe económico”, indicó Pigna. Y señaló que es un grave problema cuando la gente no encuentra soluciones en el sistema democrático y se buscan respuestas en ilusiones rápidas o personajes carismáticos que desprecian el sistema político y partidario: “Hoy no se necesita más dar un golpe clásico. En América Latina se dieron casos a través del sistema judicial emparentado con el manejo de los medios hegemónicos”, reflexionó.
De todas maneras, el reconocido historiador resaltó que “Argentina se ha destacado a nivel mundial por la preponderancia que le ha dado a los Derechos Humanos” y puntualizó los distintos juicios realizados a los represores, con estricto cumplimiento de los procedimientos constitucionales dispuestos.
Al respecto, Pigna adelantó parte de un trabajo documental que está desarrollando con el auspicio del gremio lechero, en el que recupera material inédito de algunos de esos juicios. En particular, se pudieron escuchar testimonios conmovedores del Doctor Ricardo Farías, uno de los magistrados que integró el tribunal que actuó en uno de los procesos referidos al centro clandestino de detención ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada, de la ciudad de Buenos Aires.









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A través de un análisis exhaustivo de los fundamentos judiciales, se revela cómo la Justicia desarmó la defensa del exedil: el cobro de comisiones privadas mientras legislaba a favor de su mandante resultó incompatible con el cargo. Apoyado en más de 20 testimonios, el magistrado separó las pujas políticas de la materialidad de los hechos, sentando que la probidad institucional no admite zonas grises ni permite estar, bajo ninguna excusa, de los "dos lados del mostrador".

El Juzgado de Rafaela recordó que el Estado Municipal es una "persona jurídica única" y advirtió a los concejales que ninguna ordenanza puede frenar una sentencia ambiental firme. El magistrado exigió los fundamentos de la reciente decisión de desafectar terrenos para la planta de residuos y anticipó abultadas multas económicas personales e intervención de la justicia penal para los funcionarios que bloqueen el cumplimiento del fallo.

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Si bien el Ejecutivo logró la aprobación de las ordenanzas que definen su hoja de ruta para este año, lo hizo en un escenario de extrema paridad política y con una mayoría ajustada de 3 a 2 en el Presupuesto. El oficialismo debió aceptar el recorte de partidas millonarias, como la obra de los 140 años de la ciudad, y enfrentar una dura auditoría de la oposición sobre gastos en personal político y servicios internos. En paralelo, el aumento de la UCM quedó fijado en un 19,2%, bajo la advertencia de que cualquier actualización futura deberá ajustarse estrictamente a la fórmula polinómica y no a proyecciones arbitrarias.









