Vicentin profundiza la grieta política en Santa Fe

0
Publicidad

La decisión de intervenir e iniciar un proceso de expropiación de la cerealera Vicentin agudizó las diferentes posiciones entre los principales referentes de la política santafesina.

Por ejemplo, la senadora nacional por el Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnún, respaldó la medida a la que consideró una iniciativa tendiente a “cuidar no solo a los acreedores damnificados por el concurso de la empresa, sino también al Banco Nación y a los bancos provinciales – que también representan los ahorros del pueblo-, y especialmente a los trabajadores que son los sectores más desprotegidos”. Sacnún indicó que es “una decisión estratégica en materia económica, con la que el presidente marca el rumbo de un proceso de desarrollo nacional de arraigo y soberanía alimentaria, en un mundo que va a requerir de los países que producen alimento”. Y resaltó la idea de “eliminar la intermediación y generar una empresa testigo de parte del Estado argentino para garantizar la economía nacional de la pos pandemia”.

En el mismo sentido, el jefe de la bancada justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, señaló que “recibimos la noticia con beneplácito y expectativa” y apuntó a la necesidad de “preservar las 7000 fuentes de trabajo y para que los 2600 productores que comercializan con Vicentin puedan cumplir con sus acreencias y poner de pie a la empresa”. Además, Busatto cuestionó el manejo de Vicentin, indicando que “está sospechada de haber generado maniobras fraudulentas para vaciar la empresa a costa de sucesivos préstamos otorgados por el Banco Nación durante la gestión de González Fraga”. Y resaltó la decisión de evitar que capitales trasnacionales aprovechen esta etapa convulsionada para hacerse cargo: “Vicentin es un gigante que tiene que tener una conducción estratégica y apuntar su producción al servicio de los argentinos”.

Publicidad

En tanto, el legislador provincial por Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani, comentó que “el decreto del presidente va en la dirección correcta con el fin de preservar las fuentes de trabajo y tener una empresa testigo en el mercado de cereales, que en un 70 % está en manos extranjeras”. Y señaló que “será el Congreso Nacional quien defina el futuro de la empresa”, aunque aclaró que “nuestro planteo había sido que Vicentin sea una empresa pública, no estatal, con el compromiso de no asumir el pasivo de 1350 millones de dólares”. Además, auguró un rol preponderante del sistema cooperativo que puede hacer un aporte importante en la futura conducción de la cerealera: “Por ejemplo ACA, que es la cuarta acreedora del pasivo de Vicentin, con 4900 millones de pesos, con una importante participación de numerosas cooperativas de primer grado de la provincia de Santa Fe”.

Por el contrario, la diputada nacional por Cambiemos, Gisela Scaglia, señaló que “el campo, los productores y el sector más importante de la Argentina les están diciendo frenen”. Y remarcó que “intervenir una empresa porque tiene deuda es inconstitucional”, adelantando los argumentos de la denuncia penal presentada ayer contra el presidente de la Nación. “Están sentando un precedente muy difícil para todos. Van a decretar de bien público cualquier cosa, y eso nos tiene que preocupar”. Y reflexionó: «¿Por qué todos los argentinos tenemos que hacernos cargos de la deuda de un privado; cuánto nos va a costar todo esto? El presidente dijo que este es un caso testigo, esto significa que será la primera de varios empresas en las que quieren hacer lo mismo”.

Gabriel Chumpitaz, diputado provincial de Cambiemos, también cuestionó la medida aunque ratificó que “nosotros no estamos ni a favor de la expropiación ni de Vicentin: nosotros estamos a favor de la democracia, y creemos que acá se está cometiendo un error muy grave”. “Acá hay una Ley de Concursos y Quiebras por la que se podía llegar a una solución. Estos procedimientos nos acercan a Venezuela”, indicó.  “El  próximo camino es ir a una Junta Nacional de Granos, quieren intervenir en los precios, en los valores, en el manejo de los puertos, en cuestiones logísticas, es lamentable para nuestra provincia y nuestro país”. Y cuestionó también al gobernador Perotti por ponerse a favor del gobierno nacional. “Esto lo vamos a terminar pagando todos los argentinos, como sucedió en  todas las expropiaciones que fracasaron, como YPF y Aerolíneas Argentinas. No es una cuestión de estrategia nacional sino de la ambición desmedida de un grupo ideológico”.

Comentá con tu usuario de Facebook
Publicidad

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here