La adhesión a la ley de ART significa mayor equidad para empresas y trabajadores santafesinos

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Por Laura Poletti*

Para comprender el contexto en el que se dio la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley 27.348 complementaria de la de Riesgos del Trabajo debemos repasar la historia y evolución de ese conjunto de normativas.

El sistema de Riesgos del Trabajo, que refiere a accidentes y enfermedades que se originan por y en ocasión del trabajo, más todo lo que se denomina in itinere (es decir, los que se producen durante el desplazamiento que realiza el trabajador para ir o volver del trabajo a su domicilio), fue viviendo distintas etapas en su reconocimiento y tratamiento.

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Desde 1915 a 1991 rigió la Ley 9688, basada en la responsabilidad objetiva del empleador, quien podía trasladar el riesgo a través de un seguro no obligatorio.

En 1995 llegó la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo cuya vigencia comenzó en julio de 1996 y las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Se trata de  un sistema tarifado y el empleador tiene la obligación de adherirse al seguro de riesgo.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia fueron muy críticos del sistema instaurado inicialmente, vigente desde 1996, especialmente sobre en lo que concierne a la instauración de las comisiones médicas (creadas con la Ley Previsional 24.441). Se cuestionó especialmente el rol y las facultades para accionar en el ámbito de riesgos del trabajo, como en las instancias administrativas previas a la judicial. También se discutió el fuero pertinente y la competencia de los jueces y la forma y el cálculo de pago por las prestaciones. 

Estos contrapuntos transcurrieron durante décadas, con la aparición de numerosas sentencias declarando variadas inconstitucionalidades. Por lo tanto, se llevó a una evolución normativa que complementa al sistema original de Riesgos del Trabajo. Durante todo ese proceso, también se fueron generando diversas normas que mejoraron la Ley, incorporaron enfermedades al listado, reglamentaron aspectos de las prestaciones y la forma de calcular las incapacidades, abonarlas y reconocerlas.

En 2017 se aprueba la Ley 27.348, complementaria de la 24.557, y se invita a todas las provincias a adherirse al sistema. En particular, se pretende abordar la instancia administrativa previa a la judicial, a fin de resolver los puntos de incapacidad de un empleados a partir de la intervención de médicos, profesionales del derecho, oficinas imparciales, ART, empleadores y el propio interesado.

Es vital reconocer que el eje y el interés fundamental se deben enfocar en el empleado que ha sufrido un accidente o incidente, o bien tiene una enfermedad con origen en su trabajo. Ese es el primer interés que hay que proteger: garantizar la celeridad, la gratuidad del proceso, la resolución justa y equitativa y que no le demande décadas antes de resolver este problema. Como primer interesado, debe contar con herramientas e instancias que, si satisfacen sus intereses, pueda culminar indemnizado tal como le corresponde por derecho. Agilizar las vías procesales, en tiempos en los que los juzgados laborales están atiborrados de causas, parecería una decisión más que coherente y posible de poner en marcha.

Consecuentemente, distintas provincias comenzaron a adherirse a la nueva Ley, reportándose resultados positivos para los distintos sectores: Se aceptó la vía administrativa previa, se pusieron en marcha de comisiones médicas más cercanas a los trabajadores, y se lograron recomposiciones justas sobre los infortunios laborales. 

Por su parte, la provincia de Santa Fe tuvo largas discusiones, tratamientos infructuosos y no fue hasta octubre de 2020 que se terminó por aprobar la adhesión a la Ley 27.348.

A partir de ahora, se contará con trece Comisiones Médicas en todo el territorio provincial. La norma determina que deberán estar operativas en los próximos 60 días. También habrá oficinas de conciliación laboral, con profesionales del derecho, que patrocinen de forma gratuita al trabajador. Esta instancia puede traer mayor seguridad y equidad a todos los actores, empleadores, ART, y el propio empleado damnificado, quien si no está conforme, siempre tendrá la opción posterior de reclamar vía judicial.

El nuevo procedimiento podría contribuir, según lo expresaron referentes del sector empresario, cámaras,  federaciones industriales y las mismas administradoras de riesgos de trabajo, a poner en el centro del debate y de la acción a la salud y la seguridad de los trabajadores, en un marco de sustentabilidad para las empresas. Esto significará, sin dudas, una merma en las alícuotas y una rebaja en el costo que afrontan los empleadores, lo que podrá destinarse a mejorar las condiciones del trabajador y sostener su plantel de operarios, objetivos imperiosos para los tiempos que corren.

Laura Poletti es abogada Mat. Prof. 5433

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