Veto firme y punto final: Vía libre para la instalación del Complejo Ambiental

En una sesión de alto voltaje político, el Concejo Municipal de Sunchales no logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto del Ejecutivo a la Ordenanza Nº 3268. Con una votación que terminó en empate 3 a 3, la oposición no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios, dejando firme la decisión del Intendente de avanzar con la planta de residuos en el sector norte de la ciudad.

El debate, que se extendió por más de una hora, puso frente a frente dos visiones irreconciliables: la urgencia de cumplir con una sentencia judicial de traslado y la advertencia sobre los riesgos ambientales de un predio calificado como inundable por diversos informes técnicos. Tras casi una década de idas y vueltas, la ubicación del futuro Complejo Ambiental —al Norte de ruta 280S— ya no tiene obstáculos legislativos.

El oficialismo: La obediencia judicial

Los concejales José Delmastro, Brenda Torriri y Juan Ignacio Astor alinearon sus discursos bajo el concepto de la responsabilidad institucional. Para este bloque, el municipio ya no tiene margen de maniobra frente a los tiempos de la Justicia.

Delmastro fue tajante al señalar la unicidad del Estado ante la ley: "Legislar en contra de una sentencia firme no solo es ineficaz, sino que constituye un desafío a la autoridad judicial que el Ejecutivo no puede convalidar. El Estado Municipal constituye una única persona jurídica y tanto el Ejecutivo como el Concejo estamos igualmente obligados al cumplimiento de los mandatos", señaló recordando argumentos del último emplazamiento de la justicia.

Por su parte, la concejala Torriri subrayó que el proyecto cuenta con el aval de expertos y que cualquier dilación es peligrosa para el patrimonio municipal: "Existen sentencias firmes y consentidas que imponen la obligación de concretar el proyecto. Hoy no es apresurarse, es seguir adelante con un plan que tiene todas sus actividades habilitadas por los especialistas del Ministerio de la Provincia", aseveró.

En el mismo orden, Astor reforzó la validez de lo actuado, minimizando la competencia del Concejo para revertir decisiones técnicas ya aprobadas por organismos superiores: "Nuestra función hoy no es reemplazar a los ingenieros hídricos de la provincia, sino garantizar que el municipio no caiga en un incumplimiento judicial que nos costaría carísimo a todos los sunchalenses".

La oposición: El riesgo ambiental y la "letra chica" de la Provincia

Desde la otra vereda, Fernando Cattaneo, Laura Balduino y Sebastián Nicolau centraron su defensa en la vulnerabilidad hídrica del terreno y en lo que consideran un respaldo insuficiente del Gobierno Provincial.

Nicolau puso la lupa sobre las condiciones en las que la Provincia otorgó la factibilidad, sugiriendo que el Gobierno central "abre el paraguas" ante futuros desastres: "Nos dicen que otorgan la factibilidad hídrica condicionada a que el municipio haga las obras, pero aclaran explícitamente que no cubrirán derechos de indemnización por daños o perjuicios que pudieran ocurrir. Básicamente, la Provincia nos dice: 'háganlo, pero si sale mal, el problema es de Sunchales'".

Por su lado, Balduino denunció la falta de acceso a la información completa y apeló a la realidad visual del predio: "Hemos pedido reiteradamente los expedientes completos a la Provincia y nunca llegaron. La solución no es trasladar el problema a otro lugar donde no tenemos la certeza de que no se generen daños irreversibles". Sobre el cierre, invitó a sus pares a ver un video del camino al predio totalmente anegado: "Tal vez así puedan reflexionar", ironizó.

Finalmente, el presidente del cuerpo, Fernando Cattaneo, apeló al principio de precaución ante la falta de certezas: "¿Estamos en condiciones de asumir un alto riesgo en una cuestión tan delicada como es el medioambiente? Lo dejo como pregunta". Y cuestionó la eficiencia de invertir fondos públicos para "forzar" la aptitud de un terreno que ha mostrado históricamente su vulnerabilidad.

Definición reglamentaria

Al momento de la votación, el tablero marcó un 3 a 3. Al tratarse de la insistencia de una ordenanza vetada, la normativa exige una mayoría agravada de cuatro votos que la oposición no logró conseguir. Con este resultado, la Ordenanza 3268 pierde vigencia y el decreto del Ejecutivo queda plenamente firme, poniendo fin —al menos en el ámbito legislativo— a una de las controversias urbanas más largas de la historia reciente de Sunchales.