Germán Thalman
En la antesala de una semana clave en la Legislatura provincial, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, Martín Rosúa, pasó por los micrófonos de Pido la Palabra para analizar el nuevo paquete de once instrumentos impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Con media sanción ya aprobada en el Senado, el oficialismo busca cerrar los acuerdos políticos y técnicos para darle sanción definitiva en el recinto.
Durante la entrevista, Rosúa defendió la necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas excepcionales y cuestionó las miradas abstractas sobre el sistema penal. "No se puede hablar conceptualmente y con un círculo ideológico de la seguridad. Hay que ver cada problema, la herramienta con la que se ataca, si hay proporcionalidad y cuáles son los controles", remarcó el legislador de cara al debate definitivo.
En cuanto al contenido de la iniciativa, el legislador detalló que el proyecto articula un total de once instrumentos diseñados para reforzar la política de seguridad implementada desde principios de 2024. Entre las novedades más destacadas se encuentra la implementación del juicio en ausencia, una herramienta que habilita a juzgar a aquellas personas imputadas que hayan evadido el accionar de la justicia. Asimismo, el texto contempla la facultad para allanar domicilios sin necesidad de una orden judicial previa cuando los efectivos policiales intercepten en la vía pública a individuos portando armas de fuego o explosivos, con el objetivo inmediato de interrumpir un delito en curso.
El paquete también incorpora mecanismos de prevención orientados a desarticular organizaciones complejas, tales como la figura de la recompensa previa para evitar la comisión de ilícitos y tareas de inteligencia supervisadas estrictamente por la justicia. En el plano carcelario, Rosúa remarcó la relevancia de establecer un régimen de aislamiento total para aquellos jefes de bandas criminales alojados en unidades penitenciarias sobre los que pesen sospechas fundadas de continuar ordenando delitos violentos desde el encierro.
Para Rosúa, la gestión provincial puede exhibir con éxito la morigeración de los índices de violencia, en particular en la ciudad de Rosario, pero advirtió que el delito muta permanentemente. En este sentido, sostuvo que la provincia debe modificar el eje histórico de la discusión penal: "Históricamente se legisló por el miedo a que el Estado se exceda. Hoy no solamente hay que tener presente eso, sino también atacar a las bandas criminales que matan, usurpan y ocupan los territorios".
Consultado sobre las objeciones planteadas por sectores de la oposición e incluso por voces críticas dentro de la propia coalición oficialista en torno a posibles colisiones con garantías constitucionales, el diputado recordó que los planteos preventivos ya se habían escuchado a comienzos de 2024 con la ley de emergencia y no derivaron en excesos institucionales. Asimismo, ratificó que cada instrumento debe analizarse en concreto, evaluando la proporcionalidad de la medida y los mecanismos de control incorporados para garantizar que se actúe estrictamente dentro del marco legal.
Finalmente, bajo la metáfora del "efecto globo", el legislador advirtió sobre la necesidad de mantener la guardia alta ante el desplazamiento geográfico del delito hacia otras localidades y la sofisticación de las bandas hacia el lavado de activos. De este modo, remarcó que el interbloque trabaja para afinar los detalles técnicos con el objetivo de lograr los consensos necesarios y dar sanción definitiva en la sesión prevista para el próximo jueves.
Antes de cerrar, el diputado valoró el proceso de discusión mantenido en la Legislatura, destacando que se escuchó a la Corte Suprema, al Ministerio Público de la Acusación, al Servicio Público de la Defensa, a los colegios de abogados y a asociaciones de víctimas. Con ese intercambio técnico y político, el oficialismo apunta a llegar a la sesión del próximo jueves con los consensos afinados para convertir el proyecto en ley definitiva.
