Germán Thalman
El diputado nacional Pablo Farías (socialismo - bloque Provincias Unidas) visitó la ciudad para interiorizar a sectores empresarios sobre un proyecto de ley integral destinado a contener a las pequeñas y medianas empresas, un sector que representa el 90% del entramado productivo nacional pero que hoy atraviesa una situación crítica. En diálogo con Pido la Palabra, el presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Industrias advirtió que el principal problema radica en la asfixia financiera generada por las medidas coercitivas del organismo recaudador.
"La mayoría de los empresarios reconocía la necesidad urgente y me pedían que la ley salga mañana mismo, porque son medidas de alivio que para muchos podría significar seguir funcionando y no tener que cerrar", señaló el legislador al repasar las reuniones mantenidas con las cámaras locales. En esa línea, Farías alertó sobre el peligro de que el propio Estado empuje a la quiebra al sector a través de ejecuciones sumarias y embargos totales de cuentas bancarias.
Para Farías, el accionar del organismo recaudador frente a los retrasos impositivos se tornó "excesivamente agresivo". El legislador explicó que las ejecuciones sumarias y los embargos por el total de las cuentas bancarias —y no por el monto adeudado— representan un golpe letal para empresas que ya arrastran dificultades operativas por la retracción de la demanda. "Cuando a una empresa se le embarga la cuenta principal, se le genera la imposibilidad de seguir funcionando, de pagar a proveedores y sueldos. En muchos casos, es el golpe de gracia", graficó.
En este sentido, el proyecto no busca la condonación generalizada ni fomenta la evasión, sino dotar al Estado de herramientas de contención similares a las que implementa cualquier privado para sostener a sus clientes. "Así como está en discusión la refinanciación de deudas para usuarios particulares, el sector productivo necesita facilidades para atravesar esta coyuntura sin que caiga el peso de la ejecución directa", sostuvo.
Durante su paso por Sunchales, el referente socialista también cuestionó las asimetrías de la política económica actual. Puso como ejemplo los beneficios a 20 y 30 años otorgados a las grandes inversiones a través del RIGI, remarcando que no existe un plan de ese tenor para el resto de las empresas del país. Además, advirtió sobre la necesidad de un rol más activo de la banca pública —especialmente el Banco Nación y el Banco Central— para flexibilizar las condiciones de acceso al crédito, hoy convertidas en un obstáculo casi insalvable para la producción.
El articulado de la iniciativa diseñada por el espacio federal propone un conjunto de herramientas para descomprimir la situación financiera del sector. En primer lugar, se contempla la suspensión por un año de los nuevos juicios de ejecución fiscal y embargos preventivos por parte de ARCA para las empresas que logren sostener al menos el 90% de su dotación de personal, limitando así el bloqueo total sobre el capital de trabajo. En paralelo, el proyecto articula un régimen excepcional de regularización de deudas vencidas que prevé la condonación total de multas no firmes y quitas de hasta el 80% en los intereses, sumando planes de pago extendidos de hasta 96 cuotas con tasas bonificadas y períodos de gracia.
A esto se le suma una descompresión en la carga tributaria corriente, reduciendo por el plazo de dos años los anticipos del Impuesto a las Ganancias a un rango de entre el 25% y el 50% según la escala de la firma, y permitiendo computar la totalidad del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias, extendiendo su vigencia. En cuanto al vínculo con el Estado y las grandes inversiones, la propuesta fija un tope de treinta días para que la administración nacional abone a sus proveedores PyME, a lo que se agregan incentivos específicos para las firmas proveedoras de proyectos alcanzados por el régimen de grandes inversiones —como la devolución rápida de saldos técnicos de IVA y reducciones en las contribuciones patronales—, complementado con líneas de crédito bancario a tasas bonificadas mediante la participación activa de mutuales, cooperativas y Sociedades de Garantía Recíproca.
Más allá de la coyuntura impositiva sectorial, el diputado advirtió sobre un fenómeno macroeconómico que condiciona la recuperación: el nivel de endeudamiento social y comercial, el cual registra índices que no se visualizaban en las últimas dos décadas. Para Farías, esta saturación financiera opera como un doble factor de crisis. Por un lado, deprime de manera directa la demanda interna porque los ingresos de los hogares y las empresas se destinan masivamente a cubrir compromisos previos. Por el otro, expone a los sectores más vulnerables a dinámicas de endeudamiento con tasas usurarias y abusivas que demandan una intervención activa y reguladora por parte del Estado para evitar un quebranto generalizado.
Consultado sobre la dinámica interna en el Congreso, el legislador santafesino remarcó la solidez del acuerdo alcanzado dentro de su espacio político, donde todos los integrantes firmaron el proyecto. Sin embargo, lamentó las dificultades que atraviesa la labor parlamentaria cotidiana: "Desde el planteo oficial no hay apertura al debate ni una intención real de que los proyectos se discutan fuertemente en el Congreso, entonces cada uno termina votando de acuerdo a su convicción", cuestionó Farías, justificando la dinamica de su bloque a la hora de las votaciones.
