Finanzas locales: El Ejecutivo vuelve a la carga e insiste con readecuar la tasa

En diálogo con Pido la Palabra, el subsecretario de Hacienda municipal, Daniel García, analizó el impacto de la caída en la recaudación, el peso de los servicios "impropios" y la tensión por los costos operativos. Tras el cruce legislativo de meses atrás, el Ejecutivo vuelve a la carga para llevar la TGIU a 100 unidades de cuenta y anticipó el envío del Presupuesto 2027.
Pulso Político04/11/2026Germán ThalmanGermán Thalman

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Tras un tramo del año marcado por la tensión financiera y la contracción en los niveles de recaudación general —que descendieron desde el 70% al 60% de cobrabilidad—, el subsecretario de Hacienda de la Municipalidad, Daniel García, pasó por los micrófonos de Pido la Palabra para trazar una radiografía sin filtros de las cuentas públicas. Durante la entrevista, el funcionario repasó el impacto de los costos operativos y ratificó la decisión del Ejecutivo de insistir ante el Concejo Municipal con una nueva readecuación de la Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU).

La discusión tributaria vuelve a colocarse así en el centro de la agenda local. Cabe recordar que, tras el cruce legislativo de meses atrás donde el oficialismo había pretendido llevar el componente fijo a 100 UCM y el cuerpo legislativo lo recortó a 40, la administración insiste con la pretensión original. Para el titular de Hacienda, este salto responde a un desfasaje insostenible frente al incremento real de los insumos básicos, los combustibles y los sueldos, advirtiendo que absorber el bache con recursos generales desfinancia otras áreas prioritarias de la gestión.

En paralelo, el funcionario analizó el peso que representan las erogaciones en áreas no estrictamente primarias —como la asistencia alimentaria a través de centenares de complementos, el sostenimiento de jardines maternales y los centros de salud municipales— y anticipó que en los próximos días ingresará formalmente al Concejo el proyecto de Ordenanza presupuestaria para el ejercicio 2027, un instrumento clave que buscará ordenar el equilibrio fiscal de cara al próximo año.

La foto financiera, la recaudación y el comportamiento de los ingresos

Al trazar el diagnóstico de las cuentas públicas, el titular de Hacienda reconoció que el contexto económico obliga a "agudizar la imaginación" frente a recursos escasos. En este sentido, detalló que la cobrabilidad de las tasas urbanas ha sufrido una retracción directa en los últimos meses: "En su momento estábamos cerca del 70% de cobrabilidad y ahora estamos más cerca del 60%. Hay una clara caída en la recaudación que de por sí ya no cubre los costos".

Esta merma en la caja municipal impacta de manera colateral en los compromisos corrientes y en la cadena de pagos a proveedores. Al desagregar el resto de las variables de ingresos, García explicó que la coparticipación nacional se mantiene formalmente constante en los números nominales —pasando de unos 351 millones de pesos en enero a 359 millones en los meses siguientes—, pero sufre un evidente desfasaje real al descontarle el impacto inflacionario.

Por su parte, el Derecho de Registro e Inspección (DREI) —que representa en torno al 22% de los recursos corrientes y funciona como uno de los ingresos más estables de la estructura— atravesó vaivenes particulares tras los acuerdos alcanzados con grandes contribuyentes y entidades financieras, experimentando caídas específicas en la recaudación mensual con bancos (como el Nación), aunque compensadas parcialmente con esquemas de negociación homologados a nivel regional.

La pulseada legislativa: de los 40 a los 100 UCM y la búsqueda de acuerdos

Apenas tres meses atrás, tras un debate legislativo tenso y con el voto doble de la presidencia, el cuerpo deliberativo le había aprobado al Ejecutivo una readecuación de la Tasa General de Inmuebles Urbanos fijada en 40 unidades de cuenta municipal, recortando drásticamente el pedido original del oficialismo. Sin embargo, la aceleración constante de los costos operativos pulverizó aquel cálculo inicial y obligó a la administración a volver a la carga con un nuevo proyecto que reitera la pretensión de 100 UCM.

Para justificar este fuerte desfasaje, el secretario de Hacienda remarcó que las proyecciones macroeconómicas iniciales quedaron totalmente desdibujadas en la práctica diaria: "Cuando nosotros hicimos el presupuesto, la inflación anual programada por el Gobierno Nacional era de un 16%, pero ya estamos cerca del 30%. A pesar de que el Concejo hizo lo que corresponde, está desfasado en relación a los aumentos de costos, como el gasoil y los sueldos".

Desde la perspectiva del Ejecutivo, esta insistencia no busca asfixiar al contribuyente, sino sincerar los números ante un déficit que se traslada inevitablemente a la prestación de los servicios. En ese marco, tras haber desmenuzado la contabilidad municipal ante las secretarías y los bloques legislativos, García manifestó su optimismo de cara al tratamiento en el Concejo: "Tengo la expectativa de que esta  vez si nos acompañen. Ellos se han mostrado muy interesados en que le vaya bien a la ciudad. Para eso las cuentas municipales tienen que estar bien, con posibilidades de hacer inversiones".

La carga de los servicios "impropios", la coparticipación y el peso de la asistencia social

Más allá de la discusión estrictamente financiera de los tributos, el funcionario advirtió que las cuentas públicas soportan permanentemente erogaciones que exceden con creces las responsabilidades primarias de un municipio, pero que la crisis social y la falta de asunción de roles por parte de los niveles superiores vuelven ineludibles. En este esquema, el municipio destina recursos propios a sostener una red de asistencia vital, como la entrega de unos 800 complementos alimentarios mensuales para familias vulnerables.

A esto se suma el fuerte peso presupuestario destinado al sostenimiento integral de los jardines maternales  y de los centros de salud barriales, los cuales incorporaron profesionales en psicología y psiquiatría para hacer frente al abordaje de consumos problemáticos.

Para el Ejecutivo, esta asunción de obligaciones evidencia el cuello de botella de un país donde la coparticipación nacional sigue sin discutirse de fondo y las provincias no transfieren los recursos acordes a las atribuciones que descargan en los municipios, obligando a las administraciones locales a sostener desde el alquiler de oficinas nacionales como ANSES hasta los costos de problemáticas estructurales desatendidas.

Ajuste interno, recortes y la proyección del Presupuesto 2027

Ante el escenario de escasez de recursos y la imposibilidad de trasladar todo el peso inflacionario a las tarifas, la administración local implementó un esquema de optimización de egresos. Esto incluyó la revisión de contratos de asesorías externas —como la finalización temporaria de servicios específicos de seguridad vial— y una fuerte reducción de horas extras en eventos públicos, reestructurando esquemas operativos para evitar sobrecostos innecesarios.

Si bien las medidas de contención afectaron rubros que formaban parte de los ingresos habituales de los trabajadores, desde el Ejecutivo remarcaron el esfuerzo por preservar el poder adquisitivo de los sueldos municipales y garantizar el equilibrio fiscal. En ese camino, García anticipó la llegada de nuevos recursos para infraestructura y proyectos estratégicos de movilidad y saneamiento —tales como los fondos para la reforma del predio del Ferrocarril, el avance en el Complejo Ambiental y la gestión de financiamiento para la red de ciclovías, sumado a intervenciones centrales como la obra en calle Falucho—: "La ciudad tiene que aspirar a ese tipo de cosas", remarcó.

Con este horizonte de gestión y la premisa de sostener los servicios públicos, el secretario confirmó que el próximo viernes 13 de noviembre se elevará formalmente al Concejo el proyecto de ordenanza presupuestaria para el ejercicio 2027, un instrumento que buscará debatirse en sintonía con la adecuación tributaria para consolidar las cuentas públicas de cara al próximo año.

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