Germán Thalman
En una resolución que sacude el tablero político local, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 3ra. Nominación de Rafaela emitió un decreto que coloca al Concejo Municipal de Sunchales en el centro de la tormenta judicial. El Juez Mauro García no solo ratificó que los plazos para el cierre definitivo del basural están vigentes, sino que lanzó una advertencia directa: el cuerpo legislativo no puede ser un obstáculo para el cumplimiento de una condena que protege la salud pública.
"El Estado Municipal es una persona jurídica única"
Uno de los puntos más demoledores del fallo es la aclaración que hace el magistrado sobre la responsabilidad compartida entre los poderes de la ciudad. El Juez García fue tajante al señalar que “el Estado Municipal, más allá de las distintas agencias y estamentos que lo integran, es una persona jurídica de derecho pública única y se encuentra condenada al cumplimiento de una manda judicial”. Con esta frase, el Tribunal desestima de plano cualquier intento de "pasar la pelota" entre el Ejecutivo y el Legislativo, dejando en claro que para la ley no hay internas que valgan cuando hay una sentencia firme que cumplir.
El Concejo, bajo la lupa por la Ordenanza 3268/2025
El decreto pone el foco sobre el accionar de los ediles tras la reciente decisión de desafectar terrenos destinados al nuevo predio de residuos. Al respecto, el Tribunal exigió que el Concejo Municipal remita de inmediato los fundamentos y el procedimiento administrativo que dieron origen a la Ordenanza 3268/2025. El Juez remarcara que ninguna maniobra local puede estar por encima del control judicial reforzado y el principio de "no regresión" ambiental.
Advertencias personales y penales
En cuanto a las consecuencias de seguir dilatando la solución, el magistrado endureció el tono al establecer que se analizarán las conductas individuales de los funcionarios involucrados. En primer lugar, se prevé la aplicación de sanciones conminatorias económicas diarias, conocidas como Unidades JUS, que recaerían directamente sobre las personas físicas responsables del retardo a un valor de $30.000 por cada día corrido de incumplimiento.
Asimismo, la resolución advierte que, de persistir la desobediencia, se mandará a dar intervención a la justicia penal frente a posibles delitos contemplados en el Código Penal y la ley orgánica de municipios.
Por último, el Juez recordó que el éxito de estos objetivos ambientales depende del correcto funcionamiento de las instituciones y que el Tribunal asegurará que se custodie la salud de los sunchalenses y de las generaciones futuras.
