Germán Thalman
El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción, Carlos María Vottero, ratificó el avance de los procesos penales por corrupción pública y violencia institucional en el territorio, defendiendo la política de llevar las investigaciones hasta las instancias de juicio oral sin distinción del rango político o policial de los imputados. Al evaluar la gestión de estos expedientes complejos, el jefe de los fiscales respaldó el desempeño de las unidades fiscales específicas y fundamentó el uso de la nueva autonomía constitucional del órgano como una herramienta clave para desvincular la estructura del MPA de los nombramientos tradicionales de la Corte Suprema.
"Los casos se investigan y se llega hasta el final, sea condena o absolución", afirmó Vottero. El funcionario judicial repasó las acciones de la sección de Violencia Institucional y Corrupción Policial, señalando que la transparencia de la fuerza provincial es un requisito indispensable para la eficacia de la política de seguridad.
En ese sentido, Vottero fue categórico al señalar que la recepción de denuncias provenientes de la propia administración pública es un paso necesario dentro de la salud institucional. El Fiscal Regional remarcó que, ante la presentación de una sospecha o irregularidad en el Estado, el MPA tiene el deber inexcusable de abrir una investigación penal para determinar la existencia o no de un delito. Según explicó, este proceso no debe entenderse como una condena anticipada, sino como una garantía legal indispensable que incluso protege al presunto culpable, ya que el archivo o la desestimación de la causa tras una investigación rigurosa es la única vía formal para acreditar su inocencia frente a la sociedad.
Un eje central del balance institucional fue la reciente reforma que otorgó autonomía e independencia extrapoder al MPA bajo el marco del artículo 134 de la Constitución Provincial. Vottero explicó que esta modificación legal altera de manera sustancial la "cocina" interna de los tribunales y el reclutamiento del personal técnico. "No es lo mismo ser juez que ser fiscal; el fiscal es el motor del sistema acusatorio", definió.
El Fiscal Regional señaló que, históricamente, la Corte Suprema de Justicia disponía los pases automáticos de empleados administrativos hacia el órgano de la acusación. Según el funcionario, este mecanismo afectaba la eficiencia judicial al incorporar agentes sin la preparación ni la vocación específicas que demanda la investigación criminal de campo. Con la nueva autonomía, el MPA adquiere la potestad de seleccionar, evaluar y formar de manera directa a sus propios cuadros técnicos bajo un perfil estrictamente enfocado en la litigación y la persecución penal.
En el cierre del informe, Vottero trazó un panorama honesto y crudo sobre el exponencial crecimiento de los ciberdelitos y las estafas informáticas en el departamento Castellanos, admitiendo las limitaciones estructurales que condicionan la respuesta de la justicia penal frente al vecino común. "El porcentaje de resolución es mínimo", blanqueó el Fiscal Regional.
El jefe de los fiscales argumentó que la constante mutación de las modalidades tecnológicas y la transnacionalidad de las bandas criminales saturan los recursos disponibles. Ante este escenario, Vottero reveló que el MPA se ve obligado a aplicar criterios de priorización operativa basados en el daño patrimonial.
El organismo concentra sus recursos y personal informático en el esclarecimiento de estafas de gran escala, debiendo relegar de forma temporal los fraudes de menor cuantía que, aunque significan un golpe severo para la economía de un asalariado o un jubilado, no pueden ser abordados en simultáneo por la falta crónica de personal especializado.
