Germán Thalman
La administración del intendente Pablo Pinotti ha impulsado una reforma estructural en la recaudación municipal mediante el proyecto del Fondo de Inversión y Desarrollo (FID). Esta iniciativa busca reemplazar al actual Fondo de Obra Solidario (FOS), modificando sustancialmente tanto las alícuotas como la base imponible del gravamen. Mientras que el esquema anterior aplicaba un 10% sobre tasas específicas, la nueva normativa pretende alcanzar la totalidad de los derechos y tasas municipales, incluyendo el Derecho de Registro e Inspección (DREI) y el uso del espacio público.
La motivación central de esta propuesta es regularizar un pasivo histórico en infraestructura que asciende a 1.791 millones de pesos, destinado a cubrir obras de pavimentación, cloacas y planes de vivienda que fueron cobrados a los vecinos pero nunca ejecutados por gestiones previas. Para cumplir este objetivo, la estructura impositiva del FID se divide en dos componentes: un 15% fijo destinado a recursos generales de inversión y un 5% de carácter extraordinario afectado exclusivamente a la reparación de deudas. Según proyecciones basadas en los niveles actuales de cobranza, el concejal Sebastián Nicolau advirtió que este recargo adicional podría extenderse por al menos seis años debido a la actualización mensual por el índice del costo de la construcción.
Sin embargo, el proyecto enfrenta serios cuestionamientos éticos y legales por parte de la oposición, especialmente en lo que respecta a la denominada "doble carga" tributaria. En diálogo con Pido la Palabra, Nicolau calificó la iniciativa como un posible aumento encubierto y señaló que existen "muchos vicios y puertas abiertas para algunos planteos legales" al exigir al contribuyente que asuma el costo de una ineficiencia administrativa pasada. A esto se suma una crítica profunda sobre la falta de transparencia, ya que el concejal aseguró que "si estamos reclamando constantemente porque no hay rendiciones, ahora pretenden recaudar el doble, sin cumplir los procedimientos", denunciando la ausencia de informes sobre el destino de los fondos actuales.
En sintonía con estas dudas, la oposición subraya el incumplimiento de normativas vigentes, como la creación de cuentas bancarias específicas para el manejo de estos recursos. Al ser consultado sobre las gestiones de control, Nicolau fue tajante al afirmar que han solicitado "un detalle de los movimientos de cuenta y jamás nos llegó", agregando que la información recibida suele ser contradictoria. El debate parlamentario continuará ahora en comisiones con la mirada puesta en el sector productivo, bajo la premisa de determinar si estos fondos tendrán una asignación específica o si terminarán en la "caja de rentas generales para pagar sueldos", desvirtuando así el propósito original de la norma.
El impacto en el sector productivo
La preocupación ha trascendido el ámbito legislativo, motivando reuniones entre el Concejo Municipal y entidades como el Centro Comercial y el sector industrial. La principal alarma radica en que el FID gravará tributos clave para la actividad económica, como el Derecho de Registro e Inspección (DREI) y el uso del espacio público.
El debate parlamentario continuará en comisiones, donde la oposición exige una "foto real" de los recursos antes de aprobar una carga que, en la práctica, duplica la presión del actual fondo solidario. La pregunta de fondo que plantea el legislador es si estos recursos tendrán una asignación específica o si terminarán en la "caja de rentas generales para pagar sueldos", desvirtuando el propósito original de la norma.
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