Germán Thalman
El especialista en Derecho Previsional, Hugo Mongiello, sentenció que una gran parte de los pasivos están en condiciones de solicitar, por vía judicial, una recomposición de sus prestaciones, ya sea por el efecto inflacionario o por una equivocada aplicación de la fórmula de movilidad.
“Prácticamente todos están en condiciones de reclamar y la Corte, en última instancia, va a tener que dar una respuesta”, recalcó Mongiello excluyendo de este universo solamente a los que se jubilaron a través de moratorias o planes especiales.
“A la gran cantidad de los jubilados se le está pagando mal. Los haberes están casi a la mitad de lo que correspondería. Y eso se basa en que la fórmula de movilidad no responde a la necesaria proporcionalidad para mantener un nivel mínimo de vida para los pasivos. Por otro lado, la inflación descontrolada también sustenta los reclamos que empiezan a tener respuestas por parte de algunas Cámaras del país”, explicó el letrado.
Mongiello opinó sobre la política previsional que lleva adelante el gobierno nacional y resaltó que “en este tema no hay una cuestión partidaria, porque todos los gobiernos han tomado medidas que perjudicaron a los jubilados”. “Hay demandas desde el año 1983 y los juicios siguen: Parece ser que es lo único en que hubo una política de Estado, pero destinada a perjudicar al ciudadano”, ironizó.
“Las moratorias son decisiones políticas”
Respecto de la posibilidad de que se habilite una nueva moratoria previsional para permitir que personas que no hayan completado el esquema de aportes requeridos puedan jubilarse, Mongiello planteó sus dudas y dio una mirada ambigua.
“Es un tema muy complicado. Por un lado, hay una necesidad de regular la situación de unas ochocientas mil personas que trabajaron, tal vez en la informalidad, sin aportes, o a los que les faltan algunos años. Sería lastimoso que esa gente no tuviese la posibilidad de jubilarse, por lo que la moratoria viene a saldar esa deuda”, señaló. Pero también reconoció que la situación de Ansés es muy delicada y ampliar la cantidad de beneficiarios que no hayan realizado aportes al sistema podría generar inconvenientes mayores.
“El problema se origina en la informalidad laboral y, desde esa base, pedir un mínimo de treinta años de aportes para jubilarse parece un poco exagerado. También existe una Prestación Universal del Adulto Mayor, que podría cubrir la demanda social y evitaría la moratoria. Pero en definitiva, hay una decisión política en todo eso”, concluyó.
