Germán Thalman
Después de que el Concejo municipal avalara la decisión oficial de cerrar el Instituto de Desarrollo Territorial, el departamento Ejecutivo dio un paso más y cesanteó al agente municipal que se desempeñaba como director.
Según detalla el Decreto 3386/24 fechado el pasado 11 de julio, la medida se fundamenta en la necesidad de sostener una política de austeridad, dado el estado de emergencia que atraviesa la administración local, y la imposibilidad de reubicar al funcionario en otras dependencias, teniendo en cuenta que ya existen otros profesionales prestando servicios similares.
Al respecto, se argumenta que “en la estructura del Estado municipal y conforme a los alcances de su presupuesto, incorporar a un agente en la situación de revista que ostenta el cesanteado, sin existir una razón fundada en las necesidades del servicio público, cuando sus competencias han sido ya asignadas a otros órganos de la administración centralizada, compromete la eficiencia y eficacia en materia de gasto público, motivo por lo cual no resulta procedente absorberlo desde el ente central, sin sobredimensionar la infraestructura de personal municipal”.
Por otro lado, la resolución hace un preciso desarrollo argumental para aclarar que no se está incumpliendo con el principio de estabilidad del empleado público, ya que la administración tiene atribuciones para organizar sus instituciones, disolver organismos y, como consecuencia de ello, prescindir de los servicios de los agentes que se desempeñaban bajo esas esferas.
Tras la decisión, que prácticamente no encuentra antecedentes en el corto plazo, el municipio procedió a liquidar y pagar la indemnización que por ley le corresponde al agente cesanteado, finiquitando de esa forma la relación laboral. Hasta el momento, no se conocen presentaciones en torno a posible reclamos o apelaciones que pudiesen derivar en intervenciones de la justicia laboral.
