Germán Thalman
Opinión: Por Germán Thalman
La sentencia conocida el pasado viernes 28, que condenó al ex concejal Horacio Bertoglio, marca un punto de inflexión ineludible para la política local y regional. La condena a un año y tres meses de cumplimiento condicional, establecida por el juez Gustavo Bumaguin sobre la base de la graduación de la pena estipulada por el Código Penal para este tipo de delitos, resulta adecuada al marco legal de referencia. No obstante, el elemento más trascendental es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo sienta un precedente: la Justicia, aunque lenta, es el límite para las prácticas que afectan la administración pública.
El Peso de un Precedente Histórico
La importancia de este veredicto reside en su carácter histórico. De hecho, no existen antecedentes en nuestra ciudad, y muy probablemente en la región, de sentencias de este tipo vinculadas a delitos contra la administración pública. El proceso ha concluido en primera instancia probando la Negociación Incompatible con la Función Pública, el delito por el cual fue procesado y condenado. El fallo se configura en la incompatibilidad demostrada entre el desempeño del condenado como concejal y su rol paralelo como administrador de un loteo privado. La Justicia ha aplicado un proceso judicial transparente, con todas las instancias y el debido derecho a defensa, y el resultado ha demostrado la culpabilidad.
La inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, que el juez dictaminó, es la pena que mejor demuestra la seriedad con la que se abordaron los hechos. Además, es crucial notar que el condenado cuenta con una larga trayectoria política (más de 20 años en cargos públicos). Precisamente por ello, el juez vinculó su sentencia considerando que era una persona que conocía perfectamente sus responsabilidades y sus límites, lo cual marca la gravedad de la situación, no pudiendo alegarse errores o deslices insignificantes.
La Encrucijada de la Destitución Política
El caso Bertoglio nos invita a reflexionar sobre lo ocurrido cuatro años atrás, cuando se llevó adelante el proceso político en el Concejo Municipal. En aquel momento, la destitución del concejal, propuesta con base en un dictamen categórico el Doctor Domingo Rondina, requería una mayoría calificada que no se alcanzó. Si bien tres concejales (María José Ferrero, Luciana Paredes y Andrea Ochat) votaron a favor de la destitución, incluso perteneciendo a bloques diferentes, esos votos no fueron suficientes para lograr un corolario político inmediato.
Sin embargo, la decesión posterior de llevar el caso al Ministerio Público, que en su momento fue audaz y minoritaria, permitió que la cuestión no se cerrara en una instancia política, sino que abrió el tránsito por el camino de la Justicia ordinaria, demostrando que, más allá de la coyuntura política, el Poder Judicial tiene la potestad de juzgar hechos tipificados como delitos. La Justicia, cuatro años después, ha confirmado la gravedad que esas concejales percibieron en aquel debate político.
La Fortaleza del Debido Proceso y el Límite Judicial
La política debería tener sus propios anticuerpos y mecanismos de autolimpieza para resolver y sancionar internamente aquellas situaciones que agravian o comprometen las normas establecidas. No obstante, cuando esos son insuficientes, o la gravedad de los hechos toca la esfera del Código Penal, la obligación de todo ciudadano o institución es recurrir al ámbito judicial para que despeje cualquier duda de legalidad. El sistema está diseñado para ello: si la Justicia considera que no hay daño o delito, la causa no avanzará.
Por lo tanto, el recorrido judicial del caso, que demandó cuatro años, sirve para despejar cualquier argumento sobre supuestos trasfondos políticos. El fallo se sostiene sobre la evidencia y el proceso. Por ello, el veredicto echa por tierra la idea de que esta era una causa con especulación o aprovechamiento político. La resolución judicial refrenda que la denuncia se sostenía en hechos concretos, desechando la idea de una proscripción.
El Deber de la Preparación en la Función Pública
La enseñanza que este caso debe dejar a nuestra comunidad es la obligación de "hacer las cosas bien" en el ámbito público. El proceso marca el fin de la idea de que ciertas prácticas que se realizan cotidianamente en la política, bajo la excusa del "lo hicimos siempre así" o "no va a pasar nada porque nos conocemos todos", son inocuas. Este fallo sienta un precedente que, lamentablemente, llega a partir de una situación dolorosa.
En consecuencia, el mensaje para el futuro es crucial: todo aquel que aspire a un cargo tiene la obligación de prepararse para conocer a fondo sus deberes, sus límites, sus obligaciones y las consecuencias de sus actos. La función pública no es sencilla; por el contrario, exige estar a la altura de las circunstancias para no dañar la institucionalidad de la democracia y la república a través de conflictos de intereses.
En conclusión, este fallo es un llamado a la idoneidad y la responsabilidad. Mientras esperamos conocer los fundamentos detallados del juez (los cuáles servirán de base para posibles apelaciones), queda asentado que la Justicia ha cerrado un proceso que era necesario para definir una situación que se arrastraba hace años. Es imperativo que este precedente sea tomado como un aprendizaje para asegurar una función pública idónea y honesta.
