Funcionarios de la gestión Toselli rechazan las acusaciones y denuncian intencionalidad política

Tal como se esperaba, funcionarios de la administración municipal que culminó el pasado 10 de diciembre, salieron a responder el informe de auditoria solicitado por el Departamento Ejecutivo Municipal respecto del manejo de los fondos afectados al proyecto Sunchalote y negaron las sospechas que se vierten sobre esa gestión.

Además, cuestionaron la calidad del informe contable y cargaron duramente contra los firmantes del dictamen, haciendo especial hincapié en los antecedentes de uno de ellos, como funcionario de la administración justicialista que encabezó el exintendente Bolatti.

“No queremos dejar de expresar nuestra preocupación por la contratación de estos profesionales, quienes han sido funcionarios de la anterior gestión de gobierno, especialmente del señor Leandro Goddio quien ha tenido durante los ocho años del gobierno anterior expresas muestras de violencia, sinfín de comentarios en redes sociales en contra de la gestión de Gonzalo Toselli, quien además en oportunidades ha expuesto a funcionarias municipales inmiscuyéndose en su vida privada con una fuerte misoginia”, expresa el comunicado en su primera parte.

Seguidamente, los miembros del equipo de la gestión Toselli señalan que “hay una clara intencionalidad política y acusatoria en todo este procedimiento”, y se preguntan “cuál fue el apuro del Intendente de compartir el documento”, habida cuenta de que los datos que se expusieron quedaban a merced de la interpretación y valoración de las autoridades de turno para que sean ellos los responsables de extraer sus propias conclusiones.

Sobre los hallazgos en concreto, los funcionarios afirman que es falso que se adeude el certificado N° 11, tal como señala el informe, y aclaran que los posteriores no representan deudas exigibles para el Municipio.

Respecto de una transferencia realizada al Instituto Municipal de la Vivienda, se explica que es un movimiento que corresponde a un giro producto de un depósito realizado por el Gobierno Provincial en el marco del Programa Lote Propio.  Y cuestionan que el auditor no haya considerado cierto volumen de pagos realizados en marzo del 2023, con lo cual se alteran y desvirtúan todos los números expresados. “Nos resulta extraño esta omisión, siendo que estos documentos estaban dentro de la información entregada por la Subsecretaría de Hacienda al momento del traspaso de gobierno”, señalan.

En otros puntos, los miembros del equipo de Toselli aclararon que los valores de venta de los lotes, tema que motivó varias interpretaciones por parte de los auditores, fueron consensuados con el Gobierno Nacional en virtud de la exigencia de comercializar los terrenos por debajo del precio inmobiliario. Y resaltan que esta medida fue aprobada por ordenanzas del Concejo Municipal, recordando que la actual Secretaria de Gobierno formaba parte del cuerpo deliberativo.

Además, señalan que los auditores demuestran desconocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión administrativa del municipio y denuncian “falta de articulación con los funcionarios municipales” y baja calidad profesional para la labor encomendada.

En los últimos puntos, se insiste con denunciar “poco conocimiento respecto de los procedimientos de cobranza”, y se alega que los ingresos de dinero por las cuotas están debidamente registrados en rubros independientes y con cuentas determinadas, especialmente en lo referido a la Etapa 1.

Finalmente, la réplica expresa que “es falsa la expresión que falta dinero recaudado”. Y señalan que “no es cierto que se recaudaron $400.000.000 y mucho menos es que falte dinero, ya que no se contemplan en el informe, con aparente malicia”, una serie de erogaciones entre las que se incluyen pagos a la empresa constructora, depositado en Fondo Común de Inversión en Banco Macro para reinversión en tierras, dinero en cuenta especial de Banco Macro, inversión en Infraestructura complementaria autorizada, pagos de certificados, gastos generales, pagos de mensuras y otros estudios  y materiales acopiados para ejecución de obras de infraestructura como adelanto de los aportes municipales.

Los exfuncionarios exhortan a los responsables a rectificar y retractarse por el contenido y la apresurada difusión del informe “aun sabiendo de la falta de veracidad”. Y remarcan que, durante todo el proceso de transición, se entregó esta información en actas y carpetas específicas tal cual lo dispone la ordenanza respectiva.

“Esta acción irresponsable no solo ha causado perjuicios a los involucrados, sino que también indudablemente ha dañado institucionalmente al Estado local y a la comunidad. Entendemos que el actual gobierno con estas actitudes evade sus responsabilidades con un muy alto costo sobre todo para los beneficiarios directos del programa en cuestión y para la ciudadanía toda”, concluye el comunicado difundido hoy, que también será girado al Concejo Municipal.