
Pericias psicológicas penales: una deuda pendiente en Santa Fe
Análisis sobre la necesidad de mejorar los procedimientos de pericias psicológicas en causas penales, dentro del territorio provincial.
Se derogó una Ordenanza del año 1987 que habilitaba a la EPE a percibir el costo de este servicio
28/08/2025A partir de una iniciativa presentada por el edil Pablo Ghiano, el Concejo municipal definió un sustancial cambio en el modo en que los contribuyentes abonan periódicamente el gasto correspondiente al alumbrado público e instaron al departamento Ejecutivo a establecer un nuevo mecanismo que aporte mayor claridad y equidad.
El sistema vigente está regulado por una Ordenanza del año 1987 que autoriza al municipio a delegar el cobro de este servicio a la Empresa Provincial de la Energía, tomando como base de cálculo un criterio progresivo, que implica que el contribuyente que más consume abone más por una prestación que, en principio, es similar para todos.
“Nosotros solicitamos que se derogue esa Ordenanza y se realice un estudio o cálculo concreto del costo del alumbrado público de la ciudad, para que después de noventa días se defina un nuevo criterio para su cobro”, explicó Ghiano.
“Nuestro interés está puesto en la equidad de los contribuyentes y, sobre todo, saber lo que realmente se paga por este servicio”, insistió el concejal. Y destacó que, desde hace un par de años, la EPE cuenta con medidores para establecer fehacientemente el consumo en concepto de alumbrado público, tanto en las calles como en el resto de las plazas y espacios públicos. “Estos datos también servirán para evaluar el ahorro que significa, por ejemplo, el recambio de las luminarias”, explicó.
En el mismo sentido, Ghiano aclaró que “no estamos proponiendo que se deje de pagar el alumbrado público”, pero remarcó que “es una prestación obligatoria del municipio que, desde que existe este convenio, no se está haciendo cargo, y se lo delega directamente a los vecinos en la boleta de la EPE”.
A partir de lo resuelto, el municipio tendrá tres meses para brindar una nueva propuesta, que deberá ser analizado por el cuerpo legislativo antes de ser implementada.
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