ATILRA ratifica el pedido de quiebra con continuidad productiva de SanCor y rechaza el Plan de Crisis

Una nueva instancia judicial en el proceso concursal de la Cooperativa SanCor se desarrolló ayer, martes 7 de octubre de 2025, en el edificio de los Tribunales de Rafaela. La audiencia había sido convocada por el juez del concurso a raíz del anuncio público de los trabajadores de ATILRA sobre la decisión de solicitar la quiebra de la empresa debido al incumplimiento en el pago de salarios.

En este marco, la cooperativa presentó un plan de crisis y salvataje que fue objeto de análisis durante el encuentro. Al concluir la audiencia, el gremio ratificó su postura de rechazo al plan y de solicitud de la quiebra con continuidad de la explotación.

El asesor legal de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), Alberto Coronel, brindó detalles sobre el posicionamiento gremial y las perspectivas del proceso, indicando que  la propuesta presentada por la empresa fue evaluada como "absolutamente inviable":  "Sancor admite que no tenía financiación, inversores, ni materia prima", explicó sobre el contenido del plan de crisis de la cooperativa. 

En otro orden, el letrado se refirió a la actividad actual y sus limitaciones en la regularización salarial: "Aún así elaborando un poco más, apenas si le alcanzan para pagar solo un 65% de los sueldos, considerando que estamos en una época de crecimiento de la actividad por los trabajos a fazòn que realizan".

Solicitud de investigación penal de directivos

Paralelamente a la audiencia, otros actores del concurso han hecho saber su preocupación por el agravamiento de la situación de la cooperativa. Al respecto, el Estudio Regali, que representa a acreedores particulares, promovió una investigación penal contra directivos y funcionarios de SanCor por la situación financiera de la cooperativa.

El pedido apunta a determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de quienes llevaron a la cooperativa a su estado actual. El asesor legal de ATILRA, Alberto Coronel, hizo referencia a este punto: "Hay denuncias penales hechas por trabajadores que se hicieron en la justicia de San Isidro. Después eso vino a Rafaela, y ahí duerme el sueño de los justos. Pero efectivamente hay una investigación de la justicia federal por infracción a la ley penal tributaria".

Deuda de salarios posconcursales y pedidos de quiebra

El representante legal de ATILRA se refirió a las deudas pendientes con el personal y con las entidades gremiales y de salud. "La deuda de hacia las entidades, ATILRA, OSPIL, la obra social y AMPIL, que básicamente están todos esos destinados para dar salud, desde febrero para acá está en el orden de los 2.000 millones de pesos", detalló.

Respecto a la situación individual de los trabajadores, Coronel afirmó: "A los trabajadores de febrero para acá se debe de más de 15.000 o 16.000 millones de pesos".

La medida gremial de solicitar la quiebra se basa en la acumulación de los créditos de salarios posconcursales. El letrado precisó el estado de las presentaciones: "Ya han entrado  unos 300 pedidos de quiebra de trabajadores por créditos de salarios que le debe Sancor desde el concurso acá".

Quiebra con Continuidad: La postura de ATILRA

ATILRA insiste en el pedido de "quiebra con continuidad de la explotación", figura contemplada en la Ley de Concursos y Quiebras. Coronel mencionó que existen empresas con interés, siempre bajo este esquema:  "Todos los que se han manifestado requieren que se concrete la quiebra  y el desapoderamiento de la conducción, interviniendo el síndico y permitiendo que la empresa siga trabajando", sostuvo.

Coronel también se refirió a las actitudes de la administración de la cooperativa en relación con la búsqueda de inversores: "Ellos dicen que se quieren correr, pero no es así; en realidad no se quieren correr".

El objetivo del instituto de continuidad fue descripto como la intención de mantener la capacidad productiva de la empresa: "Otra cosa es tomarla cuando todavía los músculos de la empresa funcionan, que haya una continuidad, que mantenga las unidades de explotación, de producción,  y que cuando se entre en la etapa de liquidación se haga con las unidades de producción funcionando". 
 

Intervención del Ministerio de Trabajo

Sobre el rol institucional en el conflicto, Alberto Coronel detalló la participación de las carteras laborales. El asesor indicó que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe está "muy encima de todo esto tratando de acercar soluciones". Señaló que el ministerio provincial "facilita con toda la buena voluntad" el acercamiento de interesados para que pueda haber actividad. No obstante, precisó que ni el Ministerio de Trabajo de la Provincia ni la Secretaría de Trabajo de la Nación "tienen posibilidad de solución definitiva".

La decisión del Juez

Al ser consultado sobre el futuro inmediato, Coronel indicó la situación en la que queda la instancia judicial: "Tiene 300 pedidos de quiebra de trabajadores", manifestó el letrado, señalando que el juez se encuentra en una posición de definición. Y precisó el procedimiento que sigue a partir de esto: "Lo que le corresponde al juez y lo que dice la ley es que corra traslado a Sancor para que diga qué hace con esto. A partir de eso, tienen cinco días para ver y pagar. Y si no paga, se debe decretar la quiebra".

Finalmente, el asesor legal reconoció la dificultad de la situación: "Es una decisión difícil, pero el que acepta ser juez, tiene que asumir que le van a tocar tomar decisiones difíciles".

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