Germán Thalman
“Soy de la idea de que se tiene que avanzar rápidamente, en la justicia y con los encargados de la investigación, teniendo en cuenta los hechos sospechosos y la gravedad de los mismos”, expresó el presidente del Concejo municipal, Santiago Dobler, como corolario de las manifestaciones que fueron realizando los ediles con referencia al informe de auditoría que revela presuntas irregularidades en el manejo de los recursos afectados a la obra de urbanización conocida como “Sunchalote”.
Previamente, las legisladoras del bloque “Juntos por el Cambio” habían adelanto una posición similar, al proponer que la justicia ordinaria se encargue de investigar los puntos oscuros que dejó el informe presentado por los consultores externos: “Son situaciones graves. No somos nosotros los que vamos a definir si esto corresponde legalmente o no. Mi postura es que la justicia se haga cargo de dilucidar esta cuestión”, puntualizó la concejala Balduino.
En tanto, Giusti invitó a quien tenga alguna información para aportar que la presente a la justicia y recordó las demás causas que también derivaron en presentaciones ante el Ministerio Público de la Acusación motivadas por desprolijidades en la administración de los fondos públicos y rendiciones de cuentas defectuosas.
Por el lado del oficialismo, si bien los concejales Astor y Torriri manifestaron su adhesión a estas posturas, la decisión final dependerá del posicionamiento que adopte el Ejecutivo, por el momento menos convencido en judicializar el asunto.
En ese tono se pronunció días atrás el subsecretario de Hacienda y Finanzas del municipio, Daniel García, quien expresó que “no creo que la posición del intendente sea llevar el tema a la justicia, sino trabajar para resolver esta situación”. Pero aclaró que, al ser un asunto de conocimiento público, cualquier fiscal podría actuar de oficio y promover una investigación.
El origen de la auditoría
El propio funcionario del área de Hacienda, Daniel García, explicó que, al inicio de la gestión, habían detectado inconsistencias en el manejo de las partidas afectadas al programa de desarrollo habitacional, por lo que decidieron realizar una auditoría externa.
Luego de consultar con varios estudios especializados en este tipo de análisis contables y jurídicos, se definió la contratación de un equipo de profesionales independientes quienes recolectaron datos, cotejaron movimientos y arribaron a un informe que fue presentado semanas atrás. Posteriormente, el dictamente fue compartido con el Concejo municipal.
“La auditoría es bastante clara. Hay retrasos en la ejecución del proyecto, inconsistencia en la contratación y cancelación de obras, problemas en el pago de la licitación, gestión deficiente del cobro y venta de lotes por debajo del costo”, enumeró el funcionario sobre los hallazgos del informe.
En particular, García destacó que el municipio tomó la decisión de vender los lotes a un precio menor de lo que significó el costo total de las obras, por lo que resultó imposible cumplir con la obligación impuesta en la Ordenanza de recuperar parte de las erogaciones y poder reinvertir en el mismo proyecto.
“Son cifras siderales que se dejaron de recaudar y que ahora complican la continuidad de las obras”, analizó García. Y resaltó que la auditoria marca la dificultad de conciliar ingresos y egresos referidos al proyecto porque hubo movimientos entre varias cuentas, cuando lo correcto hubiese sido manejarlo a través de una única con afectación específica.
Respuesta de funcionarios de la gestión Toselli
En la sesión del Concejo celebrada el pasado jueves, tres funcionarios de la gestión de Gonzalo Toselli remitieron una nota en la que rechazaron las acusaciones y ofrecieron documental para aclarar las situaciones planteadas.
Los exfuncionarios se comprometieron a girar esta información en los próximos días, aunque no realizaron precisiones sobre los contenidos ni la naturaleza de las justificaciones.
