Germán Thalman
La crisis de SanCor CUL ha alcanzado su punto de quiebre definitivo. Tras años de reestructuraciones y un proceso concursal que no logró revertir el deterioro financiero, según información difundida por el gremio que representa a los trabajadores, la cooperativa láctea habría solicitado formalmente su propia quiebra ante la Justicia. La decisión se fundamenta en los informes de la Sindicatura, el Comité de Control y la co-administradora judicial, quienes ratificaron un estado de insolvencia y cesación de pagos que ya resulta irreversible.
Este movimiento legal pone fin a las especulaciones sobre la viabilidad de la estructura actual y traslada el escenario al terreno de la liquidación de activos y la administración judicial.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), el pedido de quiebra fue recibido como una confirmación tardía de sus advertencias. En su comunicado oficial, el gremio cuestionó con dureza la demora en la toma de esta decisión, señalando que se prolongó innecesariamente una situación de quebranto que terminó perjudicando a los empleados.
Según la entidad sindical, el pedido de la empresa resulta a esta altura un gesto que "pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad", y recalcan que la oficialización del estado de impotencia patrimonial pudo haberse dado mucho antes para evitar el desgaste de los últimos meses.
En ese sentido, el texto firmado por el Consejo Directivo Nacional es enfático sobre el costo de esta transición: "SanCor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos", denunciando además que la cobertura de salud se mantuvo operativa gracias a la asistencia del fondo solidario de ATILRA ante la falta de aportes patronales.
A pesar del panorama, el gremio proyecta una mirada de supervivencia para la marca: "El dictado de quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer", señalan.
El desenlace actual responde a una realidad técnica que hemos analizado previamente en este portal. Según los registros procesados semanas atrás por el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, el pasivo verificado de la cooperativa se sitúa en torno a los 185 millones de dólares.
Esta cifra incluye compromisos de gran escala con acreedores financieros internacionales, como el fondo BAF, y deudas con organismos estatales como ARCA y FONDEP. Con el pedido de quiebra oficializado, se abre ahora una etapa de definiciones judiciales sobre el destino de las plantas operativas y el resguardo de las fuentes de trabajo en Sunchales y la región.
