Germán Thalman
En el marco de la charla-debate “Una agenda para el Desarrollo Nacional, ¿dónde estamos? ¿hacia dónde queremos ir?”, encabezada por el senador nacional Marcelo Lewandowski y su par Jorge Capitanich en el Senado de la Nación, el sector industrial alzó una voz contundente sobre la realidad que enfrentan las empresas argentinas. El encuentro, convocado para analizar el impacto de las actuales políticas económicas, contó en su panel industrial con la destacada exposición de María José Daró, representante de la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales, quien presentó un informe técnico bajo el título "La paradoja del financiamiento".
Daró, contadora pública especialista en tributación y actual asesora técnica del Concejo Municipal de Sunchales, desentrañó ante los presentes cómo el laberinto fiscal y financiero asfixia al aparato productivo. Su análisis demostró que la presión tributaria en los tres niveles de Estado opera no solo como un mecanismo de recaudación, sino como un factor de descapitalización directa que pone en riesgo la supervivencia de las industrias.
El eje central de su exposición marcó una ruptura con las demandas tradicionales del sector empresario. "Las PyMEs y las empresas industriales no queremos más planes de pago. No queremos más moratorias. Y tampoco queremos tener que pedir que se suspendan los embargos de los organismos de recaudación. Lo que queremos es mucho más simple: poder trabajar cada mes con nuestro capital de trabajo", sintetizó Daró ante los senadores y los referentes sectoriales presentes. Para la especialista, cuando el Estado deja de cumplir exclusivamente un rol recaudador y pasa a competir con las empresas por sus recursos líquidos, las leyes de emergencia dejan de ser una excepción para convertirse en una consecuencia inevitable.
El desglose técnico presentado por la asesora sunchalense detalla cómo este mecanismo opera en cascada, erosionando la liquidez corporativa a través de distintas órbitas estatales. En el orden nacional, la tributación de ganancias y, de manera crítica, el demorado recupero del IVA de exportación —un derecho reconocido por ley que demora entre seis meses y un año en hacerse efectivo— transforman el crédito fiscal en capital inmovilizado que afecta salarios, materias primas y exportaciones. A esto se suma, en el ámbito provincial, la carga de adelantos y pagos a cuenta permanentes de Ingresos Brutos, alícuotas elevadas sobre la actividad financiera que oscilan entre el 9% y el 15%, y regímenes de retención cuyos saldos a favor son de difícil o imposible recuperación. El esquema se completa a nivel municipal mediante tasas sin contraprestación efectiva, tasas sobre la actividad financiera de entre el 3% y el 5%, y controles interjurisdiccionales que añaden costos logísticos y fricciones a la circulación de bienes.
Uno de los puntos más gráficos abordó el impacto de la ejecución fiscal: Daró advirtió que un embargo no cumple meramente con la función de cobrar una deuda, sino que interrumpe de cuajo la operatoria empresaria. Se desencadena así un verdadero efecto dominó donde la cuenta bancaria inmovilizada impide el pago de salarios y proveedores, corta el acceso al crédito y empuja a la compañía directamente hacia el riesgo de cierre.
Frente a la realidad planteada, que sintoniza con las advertencias que el senador Lewandowski viene sosteniendo sobre la necesidad de mantener un aparato productivo en pie, Daró aclaró que si bien las medidas de suspensión de embargos no generan mayor competitividad ni devuelven capital de trabajo, cumplen el rol indispensable de evitar daños irreversibles y preservar el empleo.
La conclusión de su exposición encierra la paradoja definitiva del modelo: "La mejor política pública de financiamiento para las PyMEs no consiste en prestarles el capital de trabajo que necesitan, sino en evitar que el propio sistema tributario se los inmovilice".
Una advertencia técnica con profunda resonancia política, fruto de su experiencia cotidiana asesorando al entramado productivo de Sunchales y a su Concejo, exponiendo una realidad que exige respuestas urgentes para evitar la desaparición de empresas.
