Germán Thalman
El proceso judicial en torno a la quiebra de SanCor CUL registró una nueva resolución que modifica los plazos previstos para la venta de sus activos. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en Rafaela, dictó una medida con efecto suspensivo sobre el pliego de licitación y el cronograma de liquidación que llevaba adelante el juez de primera instancia, Marcelo Gelcich. Esta decisión tiene un impacto directo en Sunchales, sede histórica de la cooperativa, debido a las profundas implicancias que la resolución del concurso posee sobre el tejido productivo, comercial y laboral de la ciudad y la región.
El origen técnico de la suspensión responde a un recurso directo interpuesto por la firma Fidulac S.A., presidida por el empresario Gustavo Scaglione. Previamente, el juez del concurso había desestimado una impugnación de dicha compañía bajo el argumento formal de que el escrito contenía una firma digital y no manuscrita. Al recurrir al tribunal superior, la Cámara rafaelina validó la presentación electrónica y ordenó la suspensión del pliego para analizar los cuestionamientos de fondo.
La objeción central de la firma apelante radica en el diseño de la liquidación dispuesto por el juzgado de primera instancia, el cual estableció un precio base total de US$ 52,1 millones pero dividió la venta en dos procesos independientes. Por un lado, se dispuso la venta de los activos físicos, compuestos por las seis plantas industriales situadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, con un precio mínimo de US$ 27,4 millones. Por el otro, se tasaron de forma separada los activos intangibles, que incluyen las marcas comerciales del grupo como SanCor, Mendicrim, Tholem y Quesabores, por una base de US$ 24,7 millones.
Los recurrentes argumentan que separar la infraestructura industrial de las marcas comerciales genera una subvaluación de los activos, afectando los derechos de la masa de acreedores y dificultando el objetivo de garantizar la continuidad operativa de la empresa. En su resolución, los camaristas señalaron que, dada la trascendencia de la aprobación del pliego y la irreversibilidad de sus efectos, resulta necesario habilitar la instancia de revisión legal, aclarando que esto no implica una postura definitiva sobre el fondo del reclamo.
Esta resolución de la Cámara de Rafaela coincide en los tiempos del expediente con la presentación de un informe clave por parte del síndico Ignacio Martín Pacheco Huber y la coadministradora Lucila I. Prono. Los funcionarios judiciales detallaron que diez firmas e inversores cumplieron con el procedimiento formal de adquirir el pliego de bases y condiciones. La nómina de interesados incluye a operadores del sector lácteo de trayectoria como Milkaut S.A., L3N S.A. (Adecoagro) y PDA (Punta del Agua), junto a firmas como Elcor S.A. (La Tonadita), Failar S.A. (Tarantela), Jewell Especialidades S.A., Alimentos Fransfro S.R.L., la consultora Finanzas y Gestión S.A., la propia Fidulac S.A. y el grupo cooperativo Sancor Seguros.
En su informe ante el juez Gelcich, la sindicatura remarcó que este nivel de participación constituye un registro elevado para licitaciones del sector lácteo en el país. Según explicaron los auxiliares de la justicia, la presencia de oferentes con diversos perfiles garantiza el principio de concurrencia efectiva que exige la Ley de Concursos y Quiebras, orientado a maximizar el valor de los bienes en beneficio de los acreedores y la cadena de producción. A partir de esta resolución dictada por el tribunal de alzada, el cronograma de apertura de ofertas queda condicionado a los plazos de la revisión judicial, manteniendo a la comunidad local y regional a la expectativa de las determinaciones técnicas que definan el destino de la infraestructura y de las marcas vinculadas históricamente a Sunchales.
