Néstor Oroño: "A los 14 años ya se tiene plena conciencia de que matar o robar está mal"

La actualización del sistema penal juvenil en Argentina dejó de ser un eslogan de campaña para convertirse en una necesidad jurídica e institucional impostergable. Para el abogado y docente Néstor Oroño, el régimen vigente —sancionado en 1980— está "deslegitimado de origen" al haber sido dictado por un gobierno de facto y ha quedado totalmente desfasado de la realidad criminológica de 2026. El especialista sostuvo que el Estado debe reconocer la socialización temprana, tanto física como virtual, de los jóvenes actuales, lo que les permite distinguir la criminalidad de sus actos y asumir responsabilidades a partir de los 14 años.

La deuda de una ley "deslegitimada de origen"

El primer eje del análisis de Oroño se centró en la institucionalidad. El especialista fue tajante al señalar que Argentina se rige por un "fósil" legal que carece de consenso democrático: "Es una legislación desactualizada y deslegitimada de origen, dictada por un gobierno de facto. Es una deuda que el Estado y la clase política tienen con la sociedad", explicó.

Para el letrado, el retraso local es alarmante al compararlo con países como Chile, Perú o Paraguay, que poseen códigos modernos adaptados a las realidades contemporáneas. En este sentido, remarcó que la reforma es un imperativo de actualización y no un capricho punitivo. "Ojalá los legisladores sean responsables y realistas. Es hora de saldar esta deuda con una ley que sea funcional a los desafíos del presente", instó.

Los 14 años y la verdad de la madurez social

Fijar el límite en los 14 años responde, según Oroño, a una "verdad social y biológica" que el derecho no puede ignorar. El proceso de maduración se ha acelerado por una socialización que hoy es tanto física como virtual. "Con el auge de las redes, el acceso a la información otorga una capacidad de discernimiento que la ley actual desconoce", argumentó.

El penalista profundizó en que la expansión de derechos, como el voto joven, debe tener un correlato en las obligaciones ciudadanas. "En la vida siempre que hay derechos, hay obligaciones; no existe solamente lo primero, como quizás alguna distorsión cultural nos ha hecho creer", sentenció. Para el docente, a los 14 años existe una conciencia casi natural sobre lo prohibido: "A esa edad se sabe perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Negar esa capacidad es ignorar una realidad tangible que hoy alarma a la sociedad".

Contra la "demagogia" de la grieta penal

Oroño diseccionó las posturas que dominan el escenario político, atrapadas entre lo que denomina la "demagogia de mano dura" y la "de mano blanda". La primera, identificada con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, promete soluciones mágicas mediante el endurecimiento de penas; la segunda, representada por el pensamiento de Eugenio Zaffaroni, tiende a licuar las responsabilidades individuales bajo el argumento de que "la sociedad nos hizo así".

El penalista fue crítico con el enamoramiento local por teorías europeas que fracasaron en su origen: "Zaffaroni se enamora de teorías del norte de Europa vinculadas al minimalismo y al abolicionismo que, incluso en países como Suecia, debieron ser revertidas". En ese sentido, pidió honestidad intelectual para no utilizar el endurecimiento normativo como un recurso electoral. "Hay que romper con la idea de pensar que la ley soluciona todo por sí sola", advirtió.

El Estado llega cuando el daño está hecho

El debate sobre el régimen penal es estéril si no se aborda dentro de una "democracia sustancial" que garantice derechos básicos. Para Oroño, la ley es apenas una herramienta que suele llegar tarde: "El sistema actúa cuando hay una víctima que lamentar y un joven que ya entró en el circuito delictivo. Pero, ¿dónde estuvo el Estado los diez años anteriores?".

El doctor identificó a la droga como el principal "combustible" de la criminalidad juvenil y señaló que ninguna ley será efectiva si no se trabaja sobre la marginalidad. "Por más que se haga la mejor norma en un gabinete de juristas, si no hay políticas de salud y hábitat, solo estaremos postergando el próximo delito", concluyó, subrayando que la política criminal debe trascender lo meramente legislativo.

Especialización y recuperación, el verdadero desafío del sistema

Para el final, el jurista dejó una advertencia: la baja de la edad es solo la puerta de entrada a un sistema que debe ser profundamente técnico y especializado. "El éxito no se mide por la sanción, sino por la capacidad de reintegro. Recuperar a esa persona en formación es un interés social y un beneficio para todos", explicó.

Insistió en que la especialización debe ser legislativa, institucional y funcional, con operadores (fiscales, jueces y defensores) formados específicamente en minoridad. "No se puede alojar a un menor con adultos; eso sería una fábrica de reincidentes", aclaró. Su reflexión final sintetiza una postura de equilibrio: el Estado debe rescatar al individuo para proteger a la sociedad, saliendo del enfoque puramente punitivista para ofrecer una salida real al conflicto.

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