Germán Thalman
El diputado provincial José Corral impulsa una reforma del Código Procesal Laboral que ya cuenta con media sanción y busca atacar directamente el sobrecosto que asfixia a las empresas santafesinas. Actualmente, las firmas locales pagan una alícuota de ART promedio del 4%, frente al 2,7% del resto del país. Según el legislador, este desajuste responde a un diseño procesal con "estímulos mal colocados" que fomenta la litigiosidad y satura los tribunales.
La iniciativa propone reglas claras para frenar la denominada "industria del juicio" mediante la creación de un cuerpo de peritos oficiales con sueldo fijo. Además, se establece un plazo de 90 días hábiles para recurrir a la justicia tras la instancia administrativa. Para Corral, el objetivo es garantizar que los recursos se vuelquen a la producción, protegiendo especialmente a las empresas familiares del interior.
El costo de producir: La brecha entre Santa Fe y el resto del país
El diagnóstico inicial revela una asimetría alarmante: a pesar de regirse por la misma ley nacional, Santa Fe es significativamente más cara para producir que provincias vecinas. Esta diferencia se traduce en un drenaje de 100 millones de dólares anuales adicionales en seguros de accidentes. "Estamos hablando de 2 millones de dólares por semana que no van ni a la PyME ni al trabajador, porque se pierden en esos circuitos de los peritos, los abogados y las cuestiones burocráticas", sentenció Corral. Actualmente, el 70% de las causas en los juzgados laborales de Rosario corresponden a accidentes o enfermedades profesionales.
Peritos oficiales: El fin del incentivo para "inflar" las sentencias
Uno de los cambios técnicos fundamentales es la modificación del rol de los peritos judiciales, cuyos honorarios hoy suelen ser un porcentaje de la sentencia final. "Una mayor incapacidad curiosamente -favorece la decisión de ese perito", advirtió el diputado. La reforma crea un cuerpo de peritos oficiales que percibirán un sueldo mensual fijo. "Son peritos que van a cobrar su sueldo mensualmente y no van a defender el resultado de las causas de su remuneración; están desvinculados", explicó, asegurando que esto garantiza imparcialidad y ahorro para todas las partes.
Certeza jurídica: Plazos fatales para terminar con la incertidumbre
La nueva ley establece un límite de 90 días hábiles —casi cuatro meses— para que el trabajador inicie la revisión judicial tras agotar la vía administrativa. Corral defendió esta medida frente a las críticas de la oposición: "Es excesivo esperar dos años para una instancia de revisión, pusimos un plazo bien generoso para darle más certeza". Para el legislador, la falta de plazos claros solo alimenta la especulación: "Cualquier seguro, lo ideal es que producido el hecho, se cobre rápidamente... un juicio siempre es un fracaso".
Sintonía con la Nación: Modernización y combate al empleo informal
Al analizar el contexto nacional, Corral valoró la Ley de Modernización Laboral como una herramienta para combatir el 45% de trabajo informal en Argentina. "Queremos que cada vez haya más trabajo registrado y menos trabajo negro", afirmó. Destacó la regulación del Banco de Horas y subrayó que "todas las decisiones que bajen los costos y faciliten el empleo registrado son bienvenidas", entendiendo que la normativa actual debe adecuarse a las nuevas realidades que plantean tanto trabajadores como empresarios.
Blindaje para las PyMEs y el empleo registrado
