El "efecto bumerán" de los baldíos: un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el Concejo

La política local sumó esta semana un capítulo de manual sobre los riesgos de perder la iniciativa en el recinto legislativo. Tras la fuerte polémica de principios de año, cuando el Concejo ratificó el veto del Intendente anulando la suspensión de la sobretasa a los baldíos con el objetivo de proteger las arcas públicas, el oficialismo intentó esta semana tender un puente que fue dinamitado por la oposición.

La intención era presentar un proyecto de "suspensión temporal" que calmara los ánimos sociales sin desmantelar la estructura tributaria de fondo. Sin embargo, el devenir de los hechos mostró una realidad distinta. El oficialismo ingresó al Concejo con una propuesta de alivio, pero lo hizo sin los consensos necesarios para garantizar su aprobación. Esta falta de acuerdo previo permitió que la oposición tomara la posta y bajara al recinto con un dictamen propio, mucho más agresivo en sus beneficios para el contribuyente.

El desenlace de la sesión dejó al oficialismo en una posición paradójica. El proyecto que finalmente se aprobó —impulsado por los ediles Cattaneo, Balduino y Nicolau — fue más allá de la simple suspensión del cobro hasta el 31 de diciembre, un punto en el que ambas fuerzas coincidían. Mientras el Ejecutivo buscaba una moratoria para condonar intereses, la mayoría opositora impuso una quita directa del 70% sobre el capital total de la deuda acumulada desde marzo de 2021.

En términos políticos, el resultado configura un escenario de "efecto bumerán". El veto de principios de año, que buscaba sostener la recaudación frente a la eliminación del tributo, derivó meses después en una normativa que legaliza el pago de apenas un 30% de lo adeudado por los contribuyentes en los últimos cinco años.

Ahora, la resolución del conflicto vuelve a quedar en manos del Intendente. El titular del Ejecutivo tiene nuevamente la posibilidad de utilizar la herramienta del veto para frenar una ordenanza que considera técnica y financieramente perjudicial. Sin embargo, el costo político de esta decisión sería significativamente mayor al de enero: vetar esta norma implicaría cerrar la discusión por lo que queda del año legislativo, pero también quedar ante la opinión pública como quien bloquea un alivio impositivo que el propio oficialismo ayudó a poner en agenda.

La crónica de esta semana deja una conclusión evidente: en el complejo equilibrio de fuerzas del actual Concejo, los intentos de mediación que no llegan blindados al recinto corren el riesgo de transformarse en herramientas para la oposición. Lo que nació como un proyecto oficialista para "suspender y ordenar", terminó convertido en una encrucijada para el Ejecutivo, que ahora debe decidir si convalida una quita histórica o asume el costo de un nuevo veto en un clima social ya tensionado.