Germán Thalman
El reciente fallo dictado por el Juez Fabián Gelcich, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2da Nominación de Rafaela, ha puesto finalmente blanco sobre negro en el complejo mapa de deudas que asfixia a la cooperativa. Según se desprende de la sentencia de verificación de créditos en el marco del concurso preventivo de SanCor CUL, el escenario es una verdadera pulseada de intereses donde el Estado Nacional aparece como el actor de mayor peso.
A través del ARCA, el fisco ha logrado validar créditos multimillonarios, aunque el magistrado aplicó un criterio de equidad al rechazar las tasas de interés que el organismo pretendía utilizar, calificándolas de abusivas frente a la delicada situación de la concursada. A esta presión impositiva se suma el FONDEP, bajo la órbita del Ministerio de Economía, que mantiene una prenda sobre la marca "SanCor" y otros activos estratégicos por una cifra que supera los 2.200 millones de pesos, lo que en la práctica significa que el nombre más valioso de la lechería argentina está hoy en manos del Estado.
Para comprender la verdadera encrucijada de la firma, es necesario analizar el volumen total de la deuda validada por la justicia, que alcanza cifras escalofriantes: se estima un pasivo que ronda los 120 millones de dólares. Este monto se descompone en más de 41.600 millones de pesos y unos 90 millones de dólares adicionales.
Pero el dato que más alarma al Juzgado de Rafaela no es solo el stock acumulado, sino la inercia del déficit: SanCor registra una deuda post-concursal que ya supera los 6.300 millones de pesos y que, según advirtió el propio magistrado, crece a un ritmo imparable de 3.000 millones de pesos cada mes. Esta hemorragia financiera convierte cualquier intento de saneamiento en una carrera contra el tiempo.
En el plano de los acreedores privados y estratégicos, el fallo judicial resalta la figura de Sancor Seguros, un actor que por historia y cercanía afectiva-empresarial tiene un peso institucional y financiero determinante en este proceso. La aseguradora aparece en el expediente con una acreencia validada que se cuenta por miles de millones de pesos, consolidándose como uno de los principales acreedores -lo que era un secreto a voces en la ciudad-, y se convierte en un jugador central para definir cualquier intento de acuerdo preventivo.
A su lado, el protagonismo financiero lo mantienen fondos como el Business Allies Fund (BAF) y el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos (FMO). Entre ambos concentran el grueso de la deuda en moneda extranjera, aunque con la salvedad judicial de que sus créditos fueron categorizados como quirografarios, lo que les impide ejecutar de forma directa activos críticos como la planta de Sunchales. Hay que recordar que, especialmente en el caso de BAF, estos actores operaron durante años con una injerencia directa en el gerenciamiento de la cooperativa y el control de su caja.
Sin embargo, el componente más sensible del expediente es el que involucra a los trabajadores y las organizaciones sindicales. El fallo reconoció créditos a un nuevo grupo de empleados que se sumaron a los más de mil trabajadores que ya contaban con el beneficio del "pronto pago" por deudas salariales y de seguridad social. En este tablero, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) juega un rol preponderante, no solo como representante de los acreedores laborales, sino como una fuerza de presión política y gremial fundamental para negociar cualquier plan de reestructuración. La deuda con el sindicato y su obra social es una de las más voluminosas y complejas de resolver, ya que de ella depende la paz social y la operatividad de las plantas.
A este complejo entramado se suma la situación de cientos de proveedores de insumos, empresas de servicios y, fundamentalmente, los productores tamberos que integran la lista de los más de 1.500 pedidos de verificación analizados por la Justicia. Para estos acreedores privados, muchos de ellos pymes de nuestra región, la validación de sus créditos es una cuestión de supervivencia frente a una cadena de pagos que se ha visto interrumpida sistemáticamente.
Ahora se abre una etapa de impugnaciones y aclaraciones técnicas sobre el monto de las deudas y los privilegios de cada acreedor. Una vez que esa lista quede firme, la cooperativa entrará en la instancia más crítica: el periodo de exclusividad. Allí deberá presentar propuestas de pago que convenzan a sus acreedores para evitar la quiebra, en una pulseada donde se define, finalmente, el destino de cientos de familias y el futuro productivo de nuestra región.
