La gestión liderada por Gonzalo Toselli se va apagando envuelta en una bruma oscura, cargada de cuestionamientos graves, pedidos de destitución, causas en la justicia ordinaria y sospechas sobre el manejo de los fondos públicos.
A principios de año, Toselli puso piloto automático con la certeza de que éste sería su último año al frente del Ejecutivo local. Una desacertada estrategia electoral lo marginó prontamente de la discusión decisiva. Prueba clara de un desgaste evidente que ya no tenía vuelta atrás.
El año transitó por una sucesión de desaciertos y desprolijidades que fue acervando rispideces entre ambos poderes. La oposición, aun dispersa y sin demasiada solidez en sus argumentos, lo fue incomodando hasta los últimos días.
La quebrada relación con el cuerpo legislativo tuvo su corolario con el corrimiento al Ministerio Público de la Acusación para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública por la conocida “causa expedientes” y supuestas rendiciones incorrectas de fondos públicos.
Anteriormente, ya existía una causa impulsada por particulares cuya sentencia intima al municipio a relocalizar la planta de tratamientos de residuos. Tras ocho años de gestión, el glamoroso proyecto del Complejo Ambiental no pasó de ser una maqueta virtual, sin ninguna concreción.
En los itinerarios del Concejo se fueron acumulando cuestionamientos por ordenanzas incumplidas, respuestas pendientes, informes de gestión y de transparencia desactualizados. Y más reclamos. Una constante que se repitió semana tras semana, al punto de convertir lo que debería ser inusual en una práctica frecuente.
Toselli, como cualquier ciudadano, goza de la garantía constitucional de presumir su inocencia hasta que lo contrario se demuestre. Tiene derecho a explicar, aclarar y apelar a todas las estrategias jurídicas que considere apropiadas. Pero hasta ahora, poco ha podido aportar para que, la comunidad primero, y el poder legislativo después, encuentren respuestas razonables a los reclamos.
La presentación realizada semanas atrás ante el Concejo por la familia Tognalli es la estocada final a una gestión que ya viene muy desgastada. Si bien el particular pudo presentarse ante la fiscalía, por voluntad propia, y plantear su requerimiento de investigación, eligió al órgano legislativo como caja de resonancia para que los ediles también se involucren en la causa.
No será el Concejo, sino la justicia ordinaria, quien pueda determinar si hubo algún tipo de responsabilidad penal en su actuar. Y si, en tal caso, es pasible de ser condenado accesoriamente, en materia administrativa, con la inhabilitación para ejercer otros cargos públicos.
El órgano legislativo quedó expuesto ante una situación muy seria, sin precedentes en la historia local. En la sesión de este jueves, cuatro concejales (Giusti, Dobler, Bertoglio y Bugnon) votaron a favor (Ghiano se opuso y Ochat se abstuvo) para dar intervención al Ministerio Público para que investigue si el actuar del intendente se encuadra en algún tipo penal, con las eventuales consecuencias administrativas.
Y seguidamente, por impulso de la presidente del Concejo, se solicitó elevar al Gobierno provincial, según las normas vigentes, un pedido de destitución del Intendente por el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, con fundamente en una larguísima sucesión de ordenanzas, procedimientos y obligaciones no ejecutados de forma regular. Otra vez, cuatro concejales aprobaron la medida, aun a sabiendas de que el tiempo material para implementar este proceso no tendrá consecuencias directas sobre la gestión que culminará en apenas diez días.
Serán tanto la justicia ordinaria como los órganos del Estado provincial los que ahora decidan avanzar o no en estos requerimientos. Es factible que los tiempos políticos no coincidan con los de la administración de la justicia y, mucho menos, con las inquietudes de la comunidad. Pero en cualquier caso, todos estos sucesos dejarán una marca profunda que salpica el valor institucional del gobierno de la ciudad.
Con independencia de lo que pueda ocurrir, quedará un aprendizaje, costoso, para todo aquel que decida ocupar un cargo público: Su tarea implica una responsabilidad, un compromiso y una obligación que no es intrascendente. No es lo mismo cumplir o no, responder o no, actuar o no, controlar o no. Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden.
