Germán Thalman
El Concejo municipal convalidó un aumento del 20 % en la Unidad de Cuenta Municipal, el que empezará a regir a partir del mes de julio y se mantendrá estable por todo el trimestre. Pero rechazó la propuesta del oficialismo de establecer un mecanismo de actualización automático en el que el cuerpo deliberativo perdía la potestad de modificar los índices que emanaban del Ejecutivo.
“Nos parece que es una medida que merece otro tipo de análisis, con más profundidad, porque de esta manera el Concejo perdería su función de control y tampoco se establecían topes o límites en los incrementos”, argumentó la edil Laura Balduino.
Después de las controversias que se dieron al inicio del año, en las dos oportunidades en que el Ejecutivo debió resignar una buena porción de los aumentos que había impulsado, el oficialismo intentó modificar el criterio histórico de actualización de la Unidad de Cuenta Municipal, fijando un mecanismo automático, de aplicación trimestral, basado en un análisis matemático que eliminaba cualquier análisis político, tanto por parte del Ejecutivo como del Concejo.
Sin embargo, la mayoría opositora del Concejo dejó en suspenso esta alternativa y, si bien aceptó el guarismo propuesto por el DEM, no dio lugar a la modificación del mecanismo de ajuste.
Como se recordará, la UCM es una fórmula polinómica que se compone de tres elementos de referencia: aumento del costo de vida provincial, salarios de empleados municipales y valor del combustible. Cada vez que ese promedio supere un 3 %, el DEM queda facultado a solicitar una actualización de la Unidad de Cuenta, parámetro que sirve para fijar los montos de todas las tasas locales. Pero ese ajuste queda a merced de la discusión parlamentaria, que podrá aumentar o morigerar ese índice.
La creación de la UCM fue una estrategia muy valiosa para quitar un criterio de discrecionalidad a la hora de fijar los tributos por parte de quien detente el Poder Ejecutivo, ya que obliga a un análisis técnico y empírico que justifique el aumento. Pero transfiere esa facultad política al Poder Legislativo, quien es quien finalmente convalida o no tal pedido: Con un Concejo mayoritariamente oficialista, el trámite no tendrá rechazos, pero cuando eso no ocurre, como en el caso actual, se queda a merced del análisis de los distintos espacios políticos.
Por otro lado, según se argumentó al presentar el proyecto, el oficialismo buscaba evitar maniobras de tinte populista, como las que se dieron durante la gestión anterior en las que se obviaron las actualizaciones de los tributos por transitar tiempos electorales.
La situación se ve agravada en tiempos de alta inflación, cuando se pierden las referencias reales de los costos de los servicios. Y también se contrapone con una situación económica precaria que obliga a revisar la pertinencia de cargar con mayores gastos a los contribuyentes, sin que esto signifique una merma en la calidad del servicio público.
La obligación de los representantes es encontrar un justo equilibrio, entre lo que se pretende recaudar para cumplir con las obligaciones del Estado y evitar, tanto una suba desmedida de los tributos, como una pérdida de recursos que lo lleven a desfinanciarse. Un ejercicio que debe estar desprovisto de especulaciones y basarse en un análisis serio y sin veladas intenciones.
Y también, implica la responsabilidad de hacer un uso eficiente de esos recursos, manejando los fondos con austeridad y eficiencia, tomando las debidas prioridades en momentos en que la situación social no admite seguir alimentando un gasto público superfluo.
