Germán Thalman
La Fiscal Fabiana Bertero, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional N° 5, presentó ayer la acusación contra el expresidente del Concejo Municipal de Sunchales, Horacio Bertoglio, imputándole el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en carácter de autor, según los artículos 265 y 45 del Código Penal.
De esta manera, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación dio por clausurada la etapa de investigación penal preparatoria y, en virtud de las pruebas, testimonios y análisis realizados, solicitó a la Oficina de Gestión Judicial la elevación a juicio oral y público.
Cabe señalar que, durante la etapa de instrucción, el fiscal tiene el deber de actuar con objetividad y valorar si los elementos de la denuncia configuran un tipo penal y se individualiza a su autor. En caso de no contar con elementos suficientes para avanzar con la causa, podría optar por el archivo de las actuaciones. Pero, según lo dictaminado, al solicitar la citación a juicio, el fiscal entiende que hay mérito probatorio suficiente para acusar al imputado, al menos en grado de probabilidad, como partícipe del delito que se investiga. Es decir, a criterio de la fiscal, existen elementos de convicción para sostener como factible la participación del imputado en el hecho, después de haber cumplido con el requisito indispensable de tomarle declaración y recabar las pruebas según procedimientos ajustados a derecho.
Una vez recibida la acusación se correrá vista a la defensa para que haga su descargo, plantee eventuales incidentes y nulidades o solicite el sobreseimiento. Estas situaciones se definirán en una audiencia preliminar, oral y pública, que deberá realizarse entre los próximos diez y veinte días. En caso de no admitirse los recursos, se dictará la resolución para iniciar el juicio.
La denuncia por supuestas incompatibilidades en el ejercicio de la función pública fue presentada en la fiscalía regional a fines del año 2021, después de que no prosperara una especie de juicio político que se llevó a cabo en el Concejo municipal, con la pretensión de destituir a quien se desempeñaba como presidente del cuerpo.
Finalizada la actuación en el ámbito político, tres concejalas giraron las actuaciones al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos penales contra la administración pública local, haciendo especial hincapié en el dictamen elaborado por el doctor Domingo Rondina, especialista en derecho administrativo y actual Fiscal de Estado de la provincia.
La calificación penal con la que hoy la fiscal Bertero acusa a Bertoglio castiga al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Y prevé una pena de reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos.
