Consumos problemáticos: Una discusión que no se puede ocultar

La situación crítica que se disparó tras los decesos por la utilización de cocaína adulterada reavivó el debate sobre el rol del Estado a la hora de prevenir los consumos problemáticos, los tipos de mensajes recomendables para la concientización y las herramientas que dispone la comunidad a la hora de intentar rebatir una realidad sumamente compleja.

En nuestra ciudad, la Asociación Civil "Lazos" cuenta con profesionales de amplia experiencia y capacitación para el tratamiento ambulatorio e intensivo de pacientes, aunque también se enfrentan a la lucha desigual que supone la baja inversión, los escasos recursos y los tabúes que todavía predominan en la comunidad.

“Se hace difícil reconocer que las problemáticas de consumo son situaciones que pueden afectar a cualquier persona”, señala la abogada Luciana Paredes, presidenta de la entidad.  Y afirma que las adicciones van en aumento, como en todo el país. “Es difícil frenarlo, por eso es fundamental hablar del tema y trabajar en la prevención”, señala.

En el mismo sentido, la psicóloga Mariana Dagatti, coordinadora de la institución, reconoce que están en desventaja a pesar de todo el trabajo que se viene realizando. “La inversión para tratar estos temas es baja, claramente estamos en desigualdad. Además, en general hay pocos profesionales que se capacitan en esta materia y todavía se sostiene cierta estigmatización respecto de las personas que consumen y los que trabajamos en el tema”, explica. "Hay que insistir para que se reconozca que estas personas tienen un problema de salud que debe ser abordado", repite.

“En general, vamos corriendo detrás de la problemática ya instalada, cuando alguien nos pide ayuda”, comenta. Y recalcan que se necesita más presencia del Estado, tanto en la etapa previa de prevención, como a posteriori de los tratamientos, para la recuperación en la integración social.

Mensajes contradictorios

“Hay prejuicios sobre el consumo de drogas, en general no se quiere hablar del tema. El principal tabú es simplificar el vínculo entre el consumo problemático y el delito. Entonces se cree que el que consume es aquel que roba o está en situación de vulnerabilidad social. Y esto no es así: Con el tema de la cocaína quedó expuesto que hablamos de gente común, sin importar su poder adquisitivo”, reflexiona Paredes.

“Lo más llamativo ante esta situación fue que un Estado que no habla del tema y lo invisibiliza, de repente tiene que salir a dar mensajes tan contradictorios, como fue tratar de cuidar al consumidor ante un riesgo letal. Es algo que choca porque anteriormente no se venía hablando de eso”, explica. Y argumenta que, ante una situación de tanta gravedad, lo primordial fue tratar de minimizar el daño. “Pero actuar así puede parecer peligroso, porque antes no se había hablado de eso. Lo primordial es admitir que esto existe”.

Consumo romantizado

“Hay mucho consumo problemático de sustancias ilegales, pero también de las legales. El alcohol y los medicamentos que están al alcance de todos, representan un gran riesgo que abre la puerta a otras cuestiones”, detalla Dagatti.

Por su experiencia en contacto con numerosos pacientes, la profesional reconoce que subyace una idea “romántica” en torno de ciertas drogas. “La marihuana está totalmente naturalizada. Y en otros casos se descree el perjuicio que llevan, como cuando se trata de ácidos o de cocaína”, señala. Y en particular, indica que las personas adultas son las más proclives a suponer que “son situaciones que se pueden manejar”, sin medir las consecuencias.

“También se hace confuso el mensaje que los adultos bajan a los jóvenes y adolescentes. Porque es muy habitual que tengan una conducta contradictoria, consumiendo alcohol o medicamentos”, señala. “Se habilita a que se consuma medicación con alcohol a cualquier edad, porque está al alcance en todos los hogares”, insiste.

Leyes que no acompañan

La complejidad del problema se ve magnificada por la situación social, los hábitos de la comunidad y la falta de acompañamiento oficial, que hacen que algunas normas sean prácticamente inaplicables. Un ejemplo de esto es la Ley de Salud Mental, que debió servir como marco regulador para atender este tema, con un espíritu muy progresista en el que se privilegia el respeto de las garantías individuales. Pero esto no se vio acompañado por una política oficial que la fortalezca.

“Estábamos parados en un extremo, con un modelo de encierro que vulneraba todos los derechos.  Luego pasamos a otro formato, en el que solo se recurre a una internación por decisión del paciente; pero eso, lamentablemente, no se condice con nuestra realidad”, explica Paredes. “La nueva Ley exigía inversión en salud pública, infraestructura, capacitación, trabajo en la prevención y el acompañamiento de las obras sociales, pero nada de eso se hizo. Hoy el sistema no está dando respuestas”, insiste.

“Las problemáticas de salud mental, en las que se encuadra el consumo problemático, quedan a un costado. Y es un tema que se acentuó mucho en tiempos de pandemia. Fueron dos años muy duros”, expresa Dagatti. Y aclara que “muchas personas que quieren acceder a un tratamiento ambulatorio intensivo, ni siquiera a una internación, no tiene recursos para pagarlos, y allí debería estar presente el Estado”.

La discusión por la despenalización

Ante este escenario, vuelve a interpelarse el rol de la justicia y las estrategias para enfrentar el narcotráfico. “Las políticas y las leyes siguen condenando al más vulnerable, al tenedor y al consumidor. No se ven estrategias más profundas para atacar el narcotráfico, que es donde empieza el tema”, opina Paredes.

“No sé si estamos preparados para la despenalización en algunos términos, tal vez podría ser un método para terminar con el gran negocio del tráfico, pero con eso no se solucionan los problemas de consumo”, aclara.

Y sumado a esto, los cambios en las gestiones políticas traen consigo diferentes miradas para el abordaje de la problemática. “El Estado no tiene una política integral, de largo plazo. Eso también hace que las cosas sean más difíciles”, lamenta Dagatti.

Si hasta el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que “se está perdiendo la batalla contra el narcotráfico” y reconoció que éste “será el problema más importante de la Argentina dentro de tres o cuatro años”, parece utópico suponer que solo el esfuerzo voluntarioso podría frenar la ola. Pero poner el tema sobre la mesa y dar una discusión a conciencia tal vez pueda ser un buen punto de partida.