Germán Thalman
La reciente imputación que recae sobre el expresidente Alberto Fernandez por la supuesta comisión del delito de lesiones graves en marco de una situación de violencia de género contra quien fuera su pareja, Fabiola Yañez, reaviva el debate sobre esta problemática y obliga a insistir en acciones de concientización y prevención, a fin de proteger a las víctimas y mostrar las herramientas que el Estado pone a disposición.
“Violencia doméstica fue la primera forma de definir este tipo de situaciones, en los que resultaba difícil la investigación por tratarse de hechos que acontecían en el seno familiar. Pero la evolución de la doctrina y los acuerdos internacionales fueron definiendo con mayor precisión eso que hoy llamamos violencia de género, que surge, en general, a partir de una relación desigual de poder, en la que un género pretende imponerse sobre el otro”, explica la abogada Luciana Paredes, especializada en la materia.
“En general, los patrones se repiten. Vienen de vínculos que van crecimiento, con algunas manifestaciones sutiles, o la aparición de un disparador específico que genera un hecho concreto. Lo importante es no naturalizar esos casos, para evitar consecuencias más lamentables”, señala la profesional.
En su enumeración, Paredes da cuenta de la ocurrencia de situaciones que son más difíciles de comprobar que un acto de violencia física, como pueden ser los que implican una coerción económica o un hostigamiento psicológico, muy frecuentes en estos vínculos. No obstante, dichos casos también pueden derivar en denuncias que, aunque no tengan consecuencias penales, ponen a la víctima en una posición de resguardo: “Ante amenazas u hostigamientos se pueden aplicar medidas de protección, como la exclusión del hogar de la persona violenta, las llamadas perimetrales, o el uso de un botón antipánico. Son pasos para evitar que se escale a consecuencias más graves”, explica.
Como quedó de manifiesto con el resonante caso, la violencia doméstica no distingue clases ni estructuras sociales. Es un problema creciente que se agrava, sobre todo, en momentos de dificultades económicas. En nuestro país, los índices de violencia son muy elevados y en la medida que estos casos se mezclan con intereses políticos, se desvirtúa y banaliza una discusión que debería ser muy seria y comprometida.
“Es bueno que se aprovechen estas situaciones para volver a poner el tema sobre la mesa. Pero también hay que ser muy prudentes para no caer en una revictimización de la mujer, que la expone a sufrir más violencia. No es la mujer golpeada la que tiene que ser el objeto de la discusión, sino quien fue su agresor”, señala la abogada.
En el mismo sentido, Paredes explicó que es muy importante acompañar a la víctima y darle protección para que se anime a hacer la denuncia, porque muchas veces eso implica romper con estructuras y afectos familiares, además de poner en riesgo la subsistencia económica del grupo familiar. “Se requiere un abordaje bien complejo”, puntualizó.
Respecto del procedimiento judicial, la letrada explicó que cualquier Juzgado es competente para recibir una denuncia por violencia de género. Y detalló que también pueden presentarse ante el Ministerio Público, cualquier dependencia policial, la Comisaría de la Mujer o un Centro Territorial de Denuncias. Además, en nuestra ciudad, el municipio local cuenta con un equipo de género que brinda asistencia a las víctimas.
En el mismo sentido, explicó que, en este tipo de causas, se revierte parcialmente el principio de inocencia: “Con la sola denuncia se activen los mecanismos preventivos y cautelares para restringir el acercamiento y proteger a la víctima y su grupo familiar”, señaló.
Y respecto del rol del Estado, Paredes insistió en la necesidad de sostener las políticas públicas que se ocupen de estos temas. “Que exista o no un Ministerio no debería ser el debate, sino plantearnos qué estamos haciendo al respecto. Se necesitan leyes para visibilizar y políticas concretas, para educar, concientizar y deconstruir esos vínculos de poder”, reclamó.
Por último, reforzó el presupuesto de credibilidad de la víctima, y aclaró que, más allá de que el delito sigue siendo de instancia privada y requiere que la denuncia sea ratificada ante la justicia, todos puede actuar y denunciar una situación en la que se evidencien situaciones de violencia. “Siempre hay algo que podemos hacer. Es una forma de encender las alarmas”, remarcó.
